Más de 90 senadores españoles y cerca de 200 legisladores latinoamericanos han solicitado a la Corte Penal Internacional de La Haya que abra una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela, alegando que la cúpula del régimen chavista, incluyendo a su máximo líder Nicolás Maduro, han incurrido en crímenes de lesa humanidad.

En la solicitud enviada esta semana por los senadores españoles, los suscriptores también expresaron su respaldo a la diputada venezolana María Corina Machado, señalando que el proceso judicial iniciado en su contra es una clara muestra de cómo el régimen venezolano hace uso de las cortes chavistas para perseguir a sus adversarios.

“Hemos suscrito una declaración de apoyo a la congresista María Corina Machado y una petición para que los tribunales internacionales entren a tomar cartas en el asunto porque es evidente que los tribunales del país [Venezuela], no son, en absoluto, imparciales”, comentó Dionisio García Carnero, senador por el Partido Popular.

Las acciones legales emprendidas contra la diputada es la más nueva expresión de una “situación de violencia tremenda, y de violación a los derechos humanos que está viviendo el país”, agregó García Carnero desde España.

Machado —quien fue destituida sin juicio por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello— fue citada a testificar el 16 de junio, acusada de estar vinculada al último plan de un presunto magnicidio develado por el régimen, en una supuesta conspiración en la que también fue acusado el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, banqueros venezolanos y hasta el embajador de Estados Unidos en Colombia.

Previamente, el régimen encarceló a militares y a dirigentes clave de la oposición, incluyendo a alcaldes y al líder opositor Leopoldo López, quienes son acusados de conspirar para derrocar a Maduro.

Para García Carnero, el uso de la justicia para la persecución política es evidente.

“Está a la vista de todo el mundo y es absolutamente inaceptable para cualquier demócrata”, expresó.

Los arrestos están siendo acompañados por una feroz ola de violencia emprendida por soldados y grupos paramilitares chavistas contra estudiantes y opositores que protestan contra Maduro en las calles, represión que ha dejado más de 40 muertos, cientos de heridos y decenas de denuncias de torturas.

Además de contar con la firma de García Carnero, la solicitud enviada a La Haya también fue suscrita por cerca de 90 de sus homólogos, incluyendo a Antolín Sanz Pérez, secretario general del Grupo Parlamentario Popular; Miguel Angel Pérez de Juan Romero, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos; Gonzalo Piñeiro García-Lago, presidente de la Comisión Constitucional Popular; María Rosa Vindel López, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario; y Jokin Bildarratz Sorrón, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.

La solicitud de los senadores se suma a las denuncias formuladas días antes por 198 diputados y senadores latinoamericanos que forman parte de la Alianza Parlamentaria Democrática de América, quienes introdujeron ante la Corte Penal Internacional un informe detallando una larga lista de crímenes de lesa humanidad introducida por el régimen de Maduro contra la sociedad civil.

La diputada peruana Cecilia Chacón dijo que los legisladores denunciaron ante la Fiscal de la Corte Penal de la Corte de La Haya que las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen son generalizados y sistemáticos y que son ejecutados por cuerpos militares, policiales, milicias y paramilitares, bajo control y dirección del régimen.

“El señor presidente Maduro, el señor Diosdado Cabello, la Defensora del Pueblo y la Fiscal de la Nación no están haciendo nada contra las violaciones que se están dando en Venezuela, sino que más bien ellos son los que están generando todo esto al utilizar las herramientas del Estado contra la población civil”, declaró Chacón desde Lima.

En la carta dirigida a la fiscal de La Haya, los legisladores advirtieron que las autoridades venezolanas están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra estudiantes y manifestantes que pacíficamente llevan “reclamos de indiscutible legitimidad democrática”.

“Le solicitamos, en consecuencia, dar apertura de oficio a una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad con apego a lo previsto en el artículo 15 del citado Estatuto”, expresaron los legisladores.

Los denunciantes presentaron las conclusiones emitidas por distintas ONGs que documentan una larga lista de excesos cometidos contra los manifestantes, incluyendo denuncias de torturas, lesiones y asesinatos.

“Todavía más, el gobierno ha procedido a la detención de los líderes fundamentales de la oposición democrática venezolana, entre éstos Leopoldo López, cabeza visible del partido Voluntad Popular, incluidos alcaldes de elección popular, perseguidos y criminalizados inconstitucionalmente”, declararon.

Fuente: El Nuevo Herald