En Venezuela están pasando cosas muy graves. De ello dan cuenta las 39 víctimas fatales que deja el mes y medio de protestas. Pero ante todo, el futuro de Venezuela está en entredicho y su institucionalidad está rota.

El gobierno chavista, hoy en cabeza de Nicolás Maduro, persiste en su carrera hacia el despeñadero autocrático con el tinte dictatorial del régimen castrista que lo tutela. El Estado de Derecho ya no es tal, al haber perdido casi todos sus principales bastiones: la separación de poderes, la libertad de expresión y el control político.

La arbitraria destitución de la diputada opositora María Corina Machado es una prueba evidente del poder omnímodo del régimen, y es posible que en esto se esté desatando una lucha soterrada entre la agenda de Diosdado Cabello y su manejo férreo de la Asamblea Nacional, frente a un desorientado Nicolás Maduro, que sólo atina a vociferar, rehén de los inconfesables intereses de las diversas familias del chavismo.

Piensen igual o no, lo cierto es que se trata de un golpe de mano del poderoso Cabello, que sin mediar ningún proceso dispuso que la diputada María Corina perdería su investidura, como paso previo a su previsible encarcelamiento.

Las normas constitucionales venezolanas establecen cuándo pierde la investidura un diputado a la Asamblea Nacional. Esas normas no se cumplieron. Cabello, como presidente de la Asamblea, no tiene facultades para destituir a los diputados. La supuesta causal que aducen (la de haber aceptado Machado hablar ante la OEA desde el asiento cedido por el gobierno de Panamá) no constituye causal legal para desaforarla, así políticamente lo consideren inadmisible.

Ya en el pasado la figura había sido utilizada por otros gobiernos, como un gesto de solidaridad frente a regímenes autoritarios. Es un mecanismo válido para denunciar los atropellos cuando no hay otra forma democráticamente posible de hacerlo en su propio país.

Con María Corina Machado incurren en el abuso, que habla de la poca separación de poderes y de la ausencia de contrapesos institucionales, que se presentó con la reclusión de Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero, acusado por Maduro de promover las protestas, sin que haya justicia imparcial que se pronuncie y decida.

López y Machado son hoy los más sólidos opositores frente al atropello oficial del chavismo. Han asumido protagonismo activo en las protestas sociales que comenzaron el 4 de febrero en San Cristóbal y se extendieron a Caracas, el 12 de febrero, como una masiva manifestación de descontento popular ante la inseguridad, el desabastecimiento, la mordaza y el alto costo de vida que han deteriorado la calidad de vida de los venezolanos.

Su posición, empero, no ha encontrado respaldo en el excandidato a la presidencia y en el reciente pasado primera figura de la oposición, el gobernador Henrique Capriles, quien se ha mostrado contrario a las protestas callejeras y hoy está dispuesto al diálogo entre el gobierno y la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

En el mismo tono están varios dirigentes opositores que ayer les hicieron conocer a los cancilleres de Unasur la intención de sentarse a negociar, con su mediación, con los dirigentes chavistas. Este diálogo sería bienvenido con garantías de respeto por parte del Gobierno.

Si algo queda claro es que frente al resquebrajamiento de la democracia en Venezuela, la diplomacia latinoamericana ha sido condescendiente con los abusos del gobierno bolivariano, mientras los venezolanos luchan solos por su futuro.

Fuente: El Colombiano (Colombia)