Un juez federal del sur de la Florida rechazó una solicitud para extraditar a un ex militar argentino acusado de participar en una masacre de prisioneros políticos en la década de 1970 en la nación sudamericana.

El magistrado Robert Dube aseguró el martes en un fallo escrito de 21 páginas que existen dudas sobre las evidencias presentadas en el caso de Roberto Bravo, un ex teniente de la marina argentina de 68 años que reside en Miami.

Dube consideró también que Bravo quedó absuelto por una investigación militar realizada en Argentina, y que el ex militar demostró en su defensa que las acusaciones en su contra constituían un delito político.

Bravo enfrenta 16 acusaciones de asesinato en una masacre de 16 prisioneros políticos en 1972 en la ciudad de Trelew, en la Patagonia argentina. La matanza tuvo lugar varios años antes de la llamada “guerra sucia” que emprendió la dictadura militar de ese país contra los militantes políticos izquierdistas.

El tribunal concluyó que “la evidencia de la investigación militar completa y la absolución, el decreto presidencial número 425, así como la evidencia y el testimonio sobre la aplicación de la ley de amnistía 20.508 son todos relevantes y admisibles”.

El gobierno, en cambio, dijo el juez, ha presentado en su pedido de extradición testimonios “que no son creíbles”.

La fiscalía estadounidense no informó de inmediato si apelará o no la decisión del juez.

Bravo llegó a Estados Unidos en 1973 y es ciudadano estadounidense desde 1987. Fue arrestado en febrero del 2010 en el sur de la Florida y liberado bajo fianza.

“Debido a que las solicitudes de extradición en general son concedidas, esta es una victoria legal importante”, manifestó Neal Sonnett, abogado defensor de Bravo.

“Permitirá a Bravo cerrar este capítulo desafortunado y reanudar su vida como un ciudadano íntegro que contribuye con nuestra comunidad”, manifestó Sonnett en un mensaje de correo electrónico enviado a la AP.

En un recurso presentado ante el tribunal, el abogado defensor había argumentado que el gobierno argentino no entregó pruebas suficientes para pedir la extradición de Bravo, y alegó que la masacre se debió a un tiroteo entre los militares y un grupo de guerrilleros que trataba de escapar.

Sonnett expresó también que las autoridades militares argentinas ya habían declarado inocente a Bravo, y que una ley de amnistía lo había absuelto de ser procesado por los delitos de los que se le acusa.

La defensa aseguró asimismo que el pedido de extradición tenía motivaciones políticas.

La fiscalía había argumentado que las excepciones pedidas por la defensa por tratarse de un delito político no se aplican a los asesinatos a sangre fría de civiles arrestados, de acuerdo con un tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Argentina.

Según consta en el pedido de extradición, el 22 de agosto de 1972 Bravo y otros militares ordenaron a un grupo de 19 prisioneros políticos desocupar sus celdas en la base naval Almirante Zar, en Trelew, en la provincia argentina de Chubut.

Los detenidos cumplieron con la orden y permanecieron frente a las celdas con sus cabezas agachadas, de acuerdo con el recuento de los hechos presentado en la solicitud de extradición.

“En cuestión de minutos los prisioneros fueron abatidos a balazos por Bravo y otros oficiales”, indica el documento.

De los 19 presos, 16 murieron de inmediato y tres sobrevivieron.

Fuente: El Nuevo Herald