¿Violó el Parlamento paraguayo el acuerdo democrático del Mercosur?, ¿qué pasó en Venezuela el 4 de febrero de 1992?. ¿Debe de pesar más lo ideológico que lo institucional?, ¿qué garantías tienen las minorías?

En 1985 Argentina, Brasil y Uruguay se encontraban política y económicamente en posiciones similares. Los tres países habían salido de dictaduras militares y se enfrentaban a los mismos problemas: deuda externa, inflación y dificultad para conseguir créditos en el exterior.

Bajo ese panorama Argentina y Brasil deciden buscar juntos un camino de inserción económica en el mundo. El 30 de noviembre de ese año firman laDeclaración de Foz de Iguazú, de esta se diría luego fue “la piedra madre del Mercosur”.

Siete meses después, el 29 de julio de 1986 se firmó en Buenos Aires el Acta para la Integración Argentina-Brasileñamediante el cual se estableció el programa de Integración y cooperación entre los dos países. Finalmente el 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante el cual Uruguay se une al proceso de integración regional.

La idea de que Uruguay no quedara a merced de Argentina y Brasil sumado a la salida democrática del Paraguay hizo que inmediatamente que éste fuera tenido en cuenta para el nuevo bloque regional. Así el 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción, el cual estableció en su primer artículo:

“La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”

De esta forma Collor de Mello, Menem, Lacalle y Rodríguez Pedotti -presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en ese año- deciden crear un bloque regional comercial.

“Uruguay será el país de los servicios en esta nueva carretera que une Buenos Aires con Sao Paulo”, había que “prepararse” para este gran paso que representaría tener ahora “un mercado de más de 200: de personas”. Los economistas que ubicaban a nuestro país como receptor de inversiones extranjeras (la idea de que una fábrica se instale en Uruguay para abastecer a sus vecinos) no contaban con el hecho de que los productos uruguayos no entrarían libremente a Argentina y Brasil.

De lo firmado en Asunción poco se ha conseguido. Lo único que ha podido circular “libre” entre los países miembros, sin tener en cuenta el corte unilateral de los puentes por Argentina a Uruguay, han sido las personas.

El 4 de febrero de 1992 en la sede del Museo Histórico Militar, Caracas, el teniente CoronelHugo Chavez se levanta contra el Presidente Constitucional Carlos Andrés Pérez, el golpe de estado sería derrotado y Chavez iría a prisión por dos años. A la salida de la cárcel, en 1994, Fidel Castro lo recibe en La Habana y para las elecciones de 1998 Chavez tiene el respaldo de todos los partidos de izquierda, incluidos el propio (PVR) y el Partido Comunista de Venezuela.

El Teniente Coronel es Presidente en su país desde 1999 hasta la fecha y dice estar “resuelto a llegar hasta el 2031” prometiendo una “década de oro” entre el año 2020 y el 2030.

El 21 de junio de 2012, la Cámara de Diputados del Parlamento paraguayo aprobó la realización de un juicio político en contra del presidente de la República, Fernando Lugo, alegando mal desempeño en sus funciones. Éste se negó a renunciar y decidió aceptar el juicio. Mediante votación en la cámara baja (76 a favor, 2 ausentes y 2 en contra) y el Senado (39 a favor, 2 ausentes y 4 en contra) Lugo fue destituido del cargo. Dos cosas llaman la atención de este proceso, por un lado la rapidez del juicio político (éste duro 24 horas) y a su vez, que Lugo tuviera tan poco apoyo político y popular. No hubo manifestaciones en las calles en su defensa ni grandes discusiones en el parlamento.

El 4 de julio de 2006 Venezuela pide entrar al Mercosur como socio pleno, para lo cual se requiere que los cuatro países miembros ratifiquen el protocolo de adhesión de un nuevo miembro. Los Parlamentos de Uruguay y Argentina lo ratificaron ese mismo año, el Parlamento brasileño lo ratifica el 19 de diciembre del 2008 y Paraguay a la fecha no lo ha aprobado.

El pasado 28 de junio (2012) se decretó (en Mendoza, Argentina) “la suspensión de Paraguay en la injerencia de las decisiones del Mercosur, como sanción por la violación al acuerdo democrático suscrito por todos sus miembros”. El Congreso de ese país habría sido “antidemocrático”, para los tres socios de Paraguay en el Mercosur, a la hora de destituir a Lugo.

Casualmente en la reunión efectuada en la ciudad de Mendoza, los países plenos (ya sin la“injerencia” de Paraguay) deciden retomar el tema de Venezuela y determinaron aprobar su incorporación al bloque regional como miembro pleno, a partir del 31 de julio de 2012.

La misma rapidez que nos asombraba del parlamento paraguayo parecía regir los tiempos de los presidentes del Mercosur una semana después. Se suspendía a un país y se ingresaba otro en 24 horas.

Muchos, cuestionamos la suspensión de Paraguay dentro del Mercosur. Creemos que el Parlamento paraguayo es soberano y actuó conforme a la Constitución de su país. También cuestionamos que en ese mismo día, sin Paraguay, se votara la entrada de Venezuela al Mercosur.

Estos cuestionamientos llevaron a una explicación de nuestro presidente, José Mujica, quien declaró que en ese momento “lo político superaba largamente lo jurídico”.

Esto quiere decir que razones políticas, justifican modificar normas jurídicas establecidas. Con esto el Presidente decía dos cosas muy importantes, primero que el Mercosur, concebido como un bloque económico en 1991 moría para convertirse en un bloque de afinidad ideológica, y lo más triste es la justificación de un pensamiento profundamente antidemocrático.

Si lo jurídico pesa menos que lo político, entonces está bien levantarse contra una democracia en 1963 porque se cree que políticamente es valido lo que se quiere imponer y también está bien no reconocer el resultado de dos plebiscitos porque se crea que la decisión popular es políticamente errónea. Aquello de que “No siempre las mayorías tienen que tener la última palabra en una democracia, porque se pueden equivocar…” fue dicho por Benedicto XVI y utilizado por Tabaré Vazquez para justificar el accionar de su partido político.

Mucho se ha escrito y se ha dicho en estos días. Expuestos los hechos aquí, solo me queda esperar que lo jurídico sea respetado por todos los actores políticos. Si el gobierno no cree en lo institucional, confío en que la oposición lo haga y se haga escuchar la voz de las minorías y las mayorías quedando bien claro que estas últimas NUNCA se equivocan.

Fuente: HACER