Reiteradamente he sostenido, con preocupación, que nuestro sistema democrático ha ido perdiendo calidad durante los gobiernos del Frente Amplio. Argumentos sobran. Dentro de pocos días, cuando la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de “ley de medios”, porque lamentablemente la mayoría de la coalición de gobierno dará sus votos para ello, habremos escrito otro triste capítulo de este proceso.

Cuando el Dr. Carlos Delpiazzo asistió a la Comisión de Industria, Energía y Minería de dicha Cámara para opinar sobre el proyecto leyó un pasaje de un reportaje a Justino Jiménez de Aréchaga de noviembre de 1944, que dice: “En el tiempo en que vivimos (…) será fácil al compilador de opiniones seleccionar cuantas desee, y aún de juristas más o menos sensacionales, para intentar la justificación de medidas gubernativas o de interpretación de textos legales que redunden en limitación o desconocimiento de la libertad. Será fácil (…) demostrar cómo mediante hábiles referencias a altas autoridades de derecho público (…) todas las disposiciones de la Constitución que consagran derechos fundamentales del hombre pueden ser reducidas a fórmulas vacías y sin sentido. Es que, al lado de la concepción liberal del derecho público, que es la recoge la Constitución, se desarrolla, cada vez más, una concepción autoritarista, distinguiéndose una de la otra en la idea política que las inspira y determina sus soluciones particulares. Este planteo general resulta plenamente válido si lo referimos al problema de la radiodifusión (…).

Es bueno recordarlo a la hora de escuchar los argumentos de los legisladores frenteamplistas que intentarán justificar lo injustificable: la aprobación de un proyecto de ley que es claramente violatorio de la libertad de expresión del pensamiento, uno de los pilares del sistema democrático. De nada han valido las opiniones de destacados especialistas, de personas e instituciones vinculadas con esta temática, de periodistas. Ni las más de ochenta modificaciones que sufrió el proyecto lograron subsanar lo insubsanable.

Se ha dicho con fundamento, que este proyecto de ley es antiguo, peligroso, autoritario, intervencionista, estatista, que establece un abuso de control y formas de censura, que desconoce y contraría la ley de defensa de la competencia y de relaciones de consumo basada en principios constitucionales, que no considera el principio de igualdad, que va a generar responsabilidad del Estado por acto legislativo.

Se ha dicho, con razón, que este proyecto de ley contraría toda la tradición legislativa de nuestro país en materia de comunicación, que reguló lo mínimo indispensable cumpliendo con el artículo 29 de la Constitución que califica esta actividad como “enteramente libre”.

También, se ha afirmado, fundadamente, que este proyecto de ley contraría los artículos 7º, 8º, 10º, 29º, 32º, 36º y 72º de la Constitución de la República

Y como si esto fuera poco, el proyecto de “ley de medios” del Frente Amplio viola el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 4º de la Carta Democrática Interamericana, el artículo 19º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas normas relacionadas con la libertad de expresión del pensamiento, su vinculación con el sistema democrático y su forma de ejercicio.

Además, el proyecto de “ley de medios” contiene artículos que requieren de mayorías especiales, una de ellas porque crea un monopolio a favor de ANTEL y del Sistema público de Radio y Televisión Nacional, otras porque regulan la publicidad electoral, en ambos casos. Nuestra Constitución exige dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. El oficialismo ya anunció que no respetará las normas constitucionales.

Una vez más, viviremos un día de luto para la democracia.  Los ciudadanos no podemos permanecer ajenos a estos hechos A quienes nos tocó un día ver conculcados todos nuestros derechos y peleamos por recuperarlos, sabemos lo que cuesta.

Fuente: Montevideo Portal (Uruguay)