Desde el año 2005 hasta hoy, la actividad forestal, al igual que la pecuaria y la agricultura de secano, han venido recibiendo agravios políticos de diversa naturaleza, los cuales van configurando un cuadro de un sistema de reglas en continuo movimiento, algunas veces orientado a atender demandas desde la ideología, otras -las menos- queriendo revivir elementos de economía de mercado.

En definitiva, las políticas van decantando en medidas que tienen en común el agravio a la estabilidad del sistema de reglas que, he señalado tantas veces, importa más que el propio contenido de ellas. En efecto, son preferibles las políticas malas aunque invariables, que los cambios sin ton ni son, algunos cuyo sesgo ideológico contrario a la libertad económica es reconocible. Creo que a estas alturas, la larga sucesión de medidas anti negocios, quizás ninguna de ellas por sí sola descalificadora, va haciendo emerger al “monstruito”, caracterizado por el agravio a la inversión, a lo extranjero, a la propiedad de la tierra, al capital, y ahora también a la forestación. Esta actividad, instalada en un marco de política con elementos que nunca me gustaron mucho, se caracterizó por un desarrollo asociado precisamente a la estabilidad de las normas, como debe ser. Por eso, cuando se resuelve cambiarlo, se pone en juego un formidable desarrollo nacido al amparo de normas que desde el gobierno del Dr. Vázquez no cesan de modificarse.

INQUINA

En el año 2005, el gobierno eliminó los subsidios a las plantaciones, pero lo hizo apenas a algo más de un año que cayeran solos, como consecuencia de la misma política diseñada más de veinte años atrás. Era un acto que dejaba entrever una cierta inquina, más tarde confirmada. En el mismo año se eliminó también la posibilidad de extender como zonas de prioridad forestal, áreas contenidas en otras dentro de un mismo proyecto de zonas promovidas, algo que también denotaba esa inquina a esas alturas todavía aparentemente modesta. En ese mismo año 2005 se aprueba la ley de Ordenamiento Territorial, que recoge un principio detestable en cualquier actividad económica, que rechina a todo sentimiento de libertad mucho más allá de lo económico: el permiso previo a cualquier actividad, la entrega de la decisión libre a la discrecionalidad de la decisión de la Administración, y no a la objetividad de la norma. Es así que por más de 100 hectáreas cualquier proyecto forestal debe recoger ese permiso.

Ya en el año 2006 se eliminan algunos suelos de la lista de aquellos elegibles para beneficios tributarios, con un efecto negativo directo y no casual en una empresa de gran porte, principal proveedora de UPM Botnia. La lista continúa con la prohibición en el agro de las sociedades anónimas por acciones al portador, luego parcialmente eliminada otra vez en base a excepciones y permisos previos, compareciendo ante la administración. Así, algunas empresas se exceptúan de la nominatividad, pero en este caso pagando, solo ellas, Impuesto al Patrimonio.

SESENTISMO

Después sigue una inexplicable persecución -no puedo llamarla de otra forma- a las plantaciones forestales con destino a las pasteras, expresión aparentemente paradigmática del capitalismo salvaje, extranjero, innominado, etc. Es así pues que detrás de un tecnicismo que puede pasar desapercibido para algunos, se restablece el pago de la contribución inmobiliaria en predios plantados con destino celulosa, lo que se repite en la reforma tributaria con el impuesto a la renta solo aplicado con ese destino, es decir celulosa. Véase la incongruencia de defender a las pasteras en La Haya -luego de haberlas combatido antes de asumir el gobierno- para luego eliminar de la consideración política los bosques con ese fin industrial. Vino después la reducción de las devoluciones de impuestos, en este caso para todos los rubros, seguido a partir de 2007 de persecuciones municipales por las que, de modo totalmente inconstitucional, las comunas intentan imponer tasas de transporte hoy recurridas y en plenos litigios.

La lista se extiende con las derivaciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, campo fértil -otra vez- para la discrecionalidad oficial, capaz de resolver sin indemnización alguna la prohibición de explotación de zonas enteras cuya superficie se ha movido a pedido de intendentes. Súmese a todo esto los famosos planes de uso y manejo ya comentados tantas veces desde aquí -costos, discrecionalidad- así como alguna disposición del año 2008 de la ley de Ordenamiento Territorial que permite a las Intendencias detener plantaciones en base a no sé qué criterio.

Finalmente, tenemos el impuesto regresivo que se aprueba estos días en el Parlamento para combatir la concentración de las tierras, con marcado efecto en la forestación, por naturaleza llevada a cabo por empresas grandes en todo el mundo; un impuesto que amenaza frenar la llegada de los fondos de pensión uruguayos, con pocas alternativas de inversión, al mundo forestal.

LO MÁS GRAVE

Qué es lo más grave de todo esto: la discrecionalidad, el ataque permanente al derecho de propiedad, y la incertidumbre acerca de cuándo y en especial cómo termina toda este “revival” sesentista del sistema de reglas. Lo lamentable es la lectura del conjunto de todas estas medidas en su mensaje contrario a la inversión, al capital grande, al derecho de propiedad. Debemos entender además que, cuando el uso y goce de un predio no se limita por la ley -con la correspondiente indemnización- sino por la facultad discrecional de cualquiera, todos los uruguayos deberíamos sentirnos agraviados y en peligro de no poder ejercer otros derechos tan importantes como el voto. La discrecionalidad oficial es una peste de la libertad; el ataque permanente al derecho de propiedad, también. Y el cambio sistemático con orientación anti economía de mercado, es una apuesta segura al enrarecimiento del clima de negocios con parálisis de inversión y desarrollo.

No es momento, en plena crisis mundial y comienzo de una nada improbable inestabilidad regional, agregar elementos domésticos a los problemas que vienen de afuera. Es preciso cuidar procesos como el forestal a partir de una estabilidad en el sistema de reglas o, incluso, con una movilidad que no permita entrever un sesgo anti empresa, porque de lo contrario nos perderemos una respuesta productiva que estoy convencido el Uruguay puede ofrecer en medio de las turbulencias regionales, si mantiene mínimamente el orden, el sistema de reglas, y la bienvenida a los que huyen desde zonas cercanas y no tanto, más inestables. Depende de nosotros.

Fuente: El Pais (Uruguay)