Las asociaciones de prensa y el mundo en general rechazan la millonaria multa impuesta por un juez ecuatoriano al periódico El Universo de ese país y la condena de tres años de cárcel a tres de sus directivos y un periodista, a raíz de la demanda formulada por el mandatario Correa, por considerarlo un fallo desproporcionado, abusivo y violador de los fundamentales derechos de libertad de expresión.  En efecto, el señor Rafael Correa demandó el pasado mes de marzo al diario por injuria y calumnia, por una columna de opinión que sugería que el presidente podría haber ordenado las acciones de retoma del hospital durante la reciente  pseudo-rebelión de un grupo de la policía ecuatoriana.  El presidente decidió entonces encarnizarse contra el diario y sus equipos y llevar la famosa demanda hasta las últimas consecuencias.  Como se nos está volviendo costumbre en América Latina, las instituciones vienen siendo capturadas por grupúsculos que defienden banderas ideológicas radicales y trasnochadas, lo que le da a este tipo de decisiones, un tufillo insoportable de fanatismo e intolerancia antidemocráticas.

Puede ser mi impresión, pero no he notado la necesaria vehemencia social y de opinión que amerita una agresión tan evidente a la libertad de expresión por parte de unas instituciones que asumen características absolutistas que lamentablemente son hoy en día muy comunes en la región. Baste con recordar los cierres atrevidos de cadenas de televisión y radio en otros países vecinos para comprender que algunos gobernantes han aprendido muy bien la lección de amordazar, atemorizar y agredir a los medios y a la opinión libre.

Mientras estas atrocidades siguen pasando en  América Latina  con una cierta complicidad social surgida de perversas “lealtades” y simpatías ideológicas,  en nuestro país nos regodeamos con los ataques desproporcionados a exgobernantes y exdignatarios, en una pugna de base ideológica, que se viene emprendiendo desde estructuras fundamentales del Estado. No se trata de no perseguir la corrupción, o de no condenar el contubernio entre políticos y terroristas, o de no exigir responsabilidades legales y políticas del ejercicio de gobierno; pero lo mínimo que se exige es que haya coherencia, prudencia y justicia en esta cruzada nacional por la ética y la transparencia.  Que los procesos por farc-política  sean tan eficientes como los de la para-política; que el terrorismo de las FARC sea igual de perseguido que el de las AUC; que los candidatos con pasado terrorista sean denunciados y criticados;  que la “MANO NEGRA” de la izquierda sea tan repudiada como la de la derecha…  Lo que no puede pasar es que la estructura institucional parezca presta a condenar y perseguir sólo a unos cuantos enemigos de ciertos grupos que pretenden capturar el Estado a punta de combinar “todas sus formas de lucha”.

* Víctor Hugo Malagón es economista, profesor universitario y miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.

Fuente: El Nuevo Siglo (Colombia)