¿Qué ocurre cuando un país confirma con sus leyes y con el discurso de sus autoridades que resulta legítimo discriminar a los ciudadanos por su origen étnico, denegando derechos o bien entregando privilegios a costa de conculcar los de otros ciudadanos? No parece suficiente el siglo XX para que nuestros políticos actuales aprendan la lección. El genocidio judío en Alemania, de los bosnios en la ex Yugoslavia, el pueblo Tutsi en Ruanda, pueden sonar muy lejanos a nuestra realidad. ETA en el País Vasco, las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú son ejemplos más cercanos de lo que podemos esperar cuando se legitima la violencia.

El Estado chileno a partir de 1993 rompió la unidad de derechos y deberes que siempre caracterizó a nuestra República, con la denominada Ley de Desarrollo Indígena dictada durante el gobierno de Patricio Aylwin, al otorgar un estatus especial a los pueblos originarios, y en particular al pueblo mapuche.[1]

Veamos el discurso. En su primera aparición pública tras asumir como nuevo intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla anunció una serie de puntos que denominó su carta de navegación.[2] Debemos suponer que su hoja de ruta responde a un mandato. Un Intendente, en el régimen chileno, no es un cargo electo y responde directamente a la confianza del Presidente de la República. Pero, ¿qué podemos esperar cuando las nuevas autoridades designadas hacen declaraciones que acarrean una responsabilidad del Estado que excede cualquier mandato o visión de su mandante? Digámoslo de otra forma. Una presidenta que ha hecho uso de la ambigüedad como herramienta eficaz de triunfo electoral, y que debe liderar un conglomerado de fuerzas que en gran medida representan intereses opuestos, se arriesga a que la agenda llamémosla periférica, es decir de asuntos que se alejan del poder central, quede definida en forma autónoma por dichas autoridades designadas por ella misma. Sin consulta previa, sin análisis de consecuencias.

Huenchumilla hizo referencia al conflicto en La Araucanía y señaló que el Estado llegó de mala manera a la región. “El Estado se equivocó y cometió error tras error y hasta la fecha no ha hecho la reparación (…) en mi condición de intendente vengo a pedir perdón al pueblo mapuche por el despojo que el Estado de Chile le hizo de sus tierras, y también a los colonos venidos desde lejos porque el Estado de Chile los trajo a un lugar inadecuado en un momento inoportuno”.

Cabe preguntarse si se puede hablar de despojo de tierras en un contexto en que no existían derechos de propiedad, por la sencilla razón de que dichas tierras no eran explotadas por los pueblos originarios. El análisis de las crónicas revela con absoluta claridad que la denominada “conquista de Arauco” o bien “pacificación de la Araucanía”, dependiendo de quién interprete la historia, se llevó a cabo por medio de asentamientos militares con dotaciones exiguas, en una labor de presencia defensiva completamente inadecuada para una campaña de conquista. Chile no cuenta con una historia de matanzas y discriminación de la población indígena. Es más bien una historia de integración étnica. Basta salir a la calle y tomar cualquier medio de locomoción colectiva para corroborarlo. La sola frase revela la carga ideológica y la falta de rigor histórico del Intendente (él mismo representante de dicha integración).

¿Tiene algún sentido decir que algo le pertenece a un supuesto descendiente porque ese algo se tornó valioso por el trabajo y tesón de una determinada sociedad compuesta también de inmigrantes? Efectivamente, el Estado de Chile atrajo colonos a un lugar inadecuado y en un momento inoportuno, porque si hay algo bien documentado es el heroísmo y tesón de dichos inmigrantes para asentarse con escasos medios en estas tierras. Sin protección de Estado, con delincuentes que pululaban en una región sin seguridad pública. También con grupos mapuches minoritarios que se revelaron y atacaron algunos asentamientos.

No es exagerado decir que el Intendente, con sus palabras, está legitimando la violencia en contra de ciudadanos chilenos, descendientes de antiguos colonos o inmigrantes. Que grupos extremos mapuches, muchas veces con vínculos terroristas y con financiamiento de ONG extranjeras, se verán alentados por sus palabras. ¿Es demasiado ingenuo suponer que algunos propietarios se organizarán para repeler los ataques que están sufriendo?

Huenchumilla agregó que “las grandes empresas forestales y empresas dueñas de las aguas tendrán que asumir su responsabilidad y colaborar en la solución al conflicto que tenemos en la región”. Las grandes forestales hace ya tiempo van en retirada, desviando sus grandes inversiones a otros países. Su colaboración, Sr. Intendente, ya está en marcha. La desinversión es cuestión de tiempo.  Cada vez menos empleo, menos inversiones, que como consecuencia azuzan el odio abiertamente utilizado por los movimientos extremos para reclutar a sus peones, su guerrilla indígena ignorante, desempleada y empobrecida. El lector incrédulo puede consultar el sitio web de la CAM, ya que no ocultan su ideología, su estrategia y sus objetivos. Las grandes empresas forestales son culpables de haber invertido y confiado en el estado de derecho, incrementando el valor de las tierras. ¿Deben asumir su responsabilidad por crear riqueza?

El intendente además se refirió de forma especial a los fiscales del Ministerio Público y señaló que “los fiscales no son caza recompensas, deben actuar conforme al principio de objetividad (…) deben actuar con moderación, no exacerbando los ánimos haciendo el papel de opinólogos de lo sucedido en el proceso”. Quienes manifiesten una opinión contraria ¿serán descalificados como opinólogos? El Sr. Intendente amedrenta con sus palabras al poder judicial. Dos días después de las declaraciones inaugurales del nuevo Intendente, el Fiscal Chamorro debió ser trasladado, desde Collipulli a Villarrica, por “razones de seguridad”. Luego de encabezar diferentes investigaciones en contra de comuneros mapuches y de ser blanco permanente de amenazas y amedrentamientos, debemos suponer que será remplazado por fiscales menos acuciosos en su labor. Con el fin de no exacerbar los ánimos se incentiva la impunidad.

La Presidenta el 16 de marzo declaró en El Mercurio: “Huenchumilla quiso decir que hay una deuda pendiente con nuestros pueblos originarios y que vamos a trabajar para resolverla. Durante los 20 años de la Concertación hubo mucho trabajo para restituirles sus tierras, eso forma parte del programa de este gobierno así como restituirles su identidad cultural y oportunidades.”

El Estado, según Bachelet, está cumpliendo con el deber de devolver a sus dueños aquello que tomó en forma ilegítima, por medio de la compra a los actuales propietarios. Pero no restituye tierras a sus legítimos dueños por la sencilla razón de que dichas tierras nunca tuvieron un titular identificable. La misma ley de desarrollo indígena establece que los nuevos propietarios no pueden ser personas sino “comunidades”, que además en virtud de la ley no poseen el pleno dominio de las tierras ya que no las pueden vender, ni arrendar, ni entregar en garantía o comodato, etcétera. Es una receta segura para consolidar la pobreza de los beneficiarios, ya que están impedidos para una adecuada explotación de las tierras.

¿No se estará entregando un espacio territorial, una base para constituir una “nación mapuche”  en territorio chileno?  Al igual que en la fábula de Andersen, alguien en nuestro espectro político debería gritar antes de que sea tarde: ¡El Rey va desnudo! Mientras, el oficialismo alaba el traje ya no tan nuevo del emperador. Eso sí, como toda prenda sutil, ésta ha requerido que la Mandataria interpretase las declaraciones de su Intendente.

¿Puede un Estado restituir la identidad de un pueblo? Pobre identidad sería aquella si está atada a la titularidad cercenada de derechos sobre unas tierras. Lo que puede aspirar a hacer, en un ámbito propio de sus funciones, es entregar oportunidades, nivelar la cancha. Pero este último objetivo queda sumido en la proverbial ambigüedad de la mandataria.

Un gobierno de coalición busca, como es natural, apaciguar los focos de conflicto, armonizar las fuerzas centrípetas, como una condición necesaria para lograr sus fines. Pero una estadista no negocia la unidad de la patria y la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos a cambio de ganarse una tregua. Tregua que tal vez no alcance a cubrir su mandato de cuatro años.

La única estrategia eficaz de negociación con grupos terroristas ha sido, en todo el mundo, exigir el fin de los atentados y acciones de violencia. En Chile la Presidenta cree poder apaciguar a los extremistas dándoles tierras, en dosis que actúen como un narcótico que le permita llegar en relativa paz al fin de su mandato. Veinte años de escalada de violencia y empobrecimiento de la Araucanía contradicen su tesis.

La Ley de Desarrollo indígena debería ser modificada para otorgar plenos derechos de propiedad a las comunidades actualmente beneficiadas que accedan a agruparse en cooperativas. Este podría ser un marco jurídico adecuado porque además así se podría canalizar la cooperación y el apoyo del Estado.

Referencias: