En su discurso del trono, que expone al país los lineamientos de su gobierno -actualmente encabezado por Mark Rutte, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (liberal de centroderecha)-, el rey de Holanda Guillermo Alejandro declaró que el Estado de bienestar que emergió en el siglo XX ha llegado a su fin.

El monarca explicó que la transferencia de responsabilidades individuales al Estado ha llevado a la creación de un sistema financieramente insostenible. De ahora en adelante -insistió-, los holandeses deberán velar personalmente por su bienestar, ahorrar para su jubilación y hacerse responsables por su futuro, creando sus propias redes de seguridad social.

Según este discurso, la sociedad de bienestar debe dar paso a una sociedad de la “participación”, en la que los ciudadanos ya no contarán del mismo modo con la ayuda del Estado para asegurar la provisión de bienes fundamentales.

Estas palabras del rey holandés marcan el fin de una era en que la colectivización de la responsabilidad individual bajo la fórmula de los “derechos sociales” alteró fundamentalmente la estructura de incentivos tanto de gobernantes como de electores. Así, hace décadas el funcionamiento de las democracias occidentales se ha basado en buena medida en la oferta de beneficios sociales por parte de la clase política con el fin de ganar elecciones. El sistema resultante ha derivado, de una parte, en alzas de impuestos y regulaciones de negativo impacto sobre la productividad y el crecimiento económico de los países; y de otra, en una creciente carga sobre las arcas públicas por parte de grupos que esperan cada vez mayores beneficios a los cuales sienten tener derecho.

Adicionalmente, la espiral de gasto producida por el Estado benefactor ha llevado a los gobiernos a acumular masivas deudas públicas.

En el corto y mediano plazo, esta fórmula ha sido eficaz desde el punto de vista político, pues ha permitido a los gobiernos otorgar beneficios sociales sin afectar inmediatamente el bolsillo de los electores mediante mayores impuestos. En el largo plazo, sin embargo, la acumulación de deuda tiene el potencial de amenazar la solvencia fiscal, situación que se observa hoy en los estados de bienestar del sur de Europa, e incluso en Estados Unidos.

Holanda está buscando prevenir un escenario de crisis similar mediante recortes sustanciales de gasto público y un discurso franco, que apunta a preparar a la población para enfrentar tiempos de austeridad, consecuencia inevitable de un sistema que reemplazó la responsabilidad individual por la asistencia estatal.

En América Latina, donde muchos sectores políticos e intelectuales han mirado -y no pocos aún miran- como modelo dilecto a la Europa del Estado benefactor, con Holanda como uno de sus ejemplos más preclaros, este giro radical en el sentido opuesto probablemente cause algún silencioso estremecimiento.

Fuente: El Mercurio (Chile)