Una política  fácilmente vendible para quien no hace un análisis de costo-beneficio es la del  seguro de desempleo, que implica que quien pierda su empleo reciba dinero de  nuestros impuestos a través del Estado. Los que trabajan transfieren recursos a  los que no trabajan. Para unos implica solidaridad social y, según algunos  economistas keynesianos, ayuda a sostener un nivel de gasto que evita una baja  en la actividad económica, pues los desempleados no tienen ingresos ni gastos.

El primer problema del seguro de  desempleo es definir a  quiénes se les  considera desempleados, concepto variable y subjetivo. El segundo, identificar  que los considerados desempleados lo estén realmente, para lo cual se necesita  un ejército de supervisores, pues muchos de los que aplican al seguro de desempleo  tienen un empleo informal difícilmente  detectable. Implementar un seguro de desempleo  implica cuantiosos recursos para armar un aparato burocrático que  identifique, apruebe, distribuya y supervise  que el dinero llegue realmente a desempleados que carecen de recursos para  subsistir.

Si en los países desarrollados, con mayor  organización y recursos fiscales esa política es una carga que presiona el  déficit público, qué podemos esperar en un país donde el ingreso fiscal/PIB es  la mitad que en aquellos. Entre más pobre es un país, más desequilibrios causa  en sus finanzas ese tipo de programas.

En Estados Unidos el seguro de desempleo se  convirtió en una forma de vida, por lo cual lo han restringido y se considera  una carga que ha generado más gastos que beneficios. En España y Francia es un  refugio de flojos y mañosos, que en lugar de trabajar se la pasan llenando  papeleo para calificar en el seguro de desempleo. En todos los países europeos  van de regreso de la aventura del seguro de desempleo y si sigue vivo es por el  costo político de suprimirlo totalmente. En un país donde hay más trabajadores  informales que formales, como México, instrumentarlo crearía un hoyo fiscal difícil  de llenar. Aumentaría cada día los inscritos en el seguro de desempleo y  reduciría los empleados que con sus impuestos pagan el seguro de desempleo.

Fuente: Asuntos Capitales (México)