Con una audacia inusitada, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una “pensión universal” así como de un “seguro de desempleo”. Audacia, porque los cambios constitucionales que crearían estos derechos, el 4 y el 123, ni siquiera han sido aprobadas por el Senado de la República. En este sentido, lo aprobado por los diputados no tiene el mínimo sustento jurídico. Pero olvidándonos de este pequeño detalle, vale la pena analizar estos dos por sus características.

Pensión universal. De entrada no es universal ya que sólo tendrían derecho a ella quienes no cuenten ya con una pensión formal, ya sea que se cotice en el IMSS, ISSSTE o alguna otra, como pueden ser las de los organismos públicos o las de los gobiernos estatales. Es simplemente una transferencia de recursos públicos por llegar a determinada edad. Dos comentarios que considero relevantes. El primero, es que con este tipo de programa se genera un incentivo adicional para permanecer en la informalidad. Con el Seguro Popular y ahora una pensión garantizada, ¿por qué irse a laborar al sector formal y enfrentarse a tener que pagar el Impuesto sobre la Renta? Esta medida introduce una distorsión adicional en el mercado laboral con un impacto negativo y significativo sobre la productividad y el crecimiento económico ya que los que laboran en el sector informal lo hacen en empresas muy pequeñas, con tecnologías obsoletas y sin economías a escala.

El segundo comentario es que esta medida introduce una presión creciente sobre las finanzas públicas a medida que la población envejece y, tal como quedó al menos por los siguientes cinco años la estructura tributaria, no hay manera de hacerle frente, mas aun cuando ya existen una enorme cantidad de programas de pensiones públicas que no están fondeadas. Para financiar una transferencia de este tipo era condición indispensable haber homogeneizado el IVA, lo cual no se hizo y con muy bajas probabilidades de que se haga en el futuro. Los diputados parecen no aprender de la experiencia europea de lo costoso que resulta financiar un estado de bienestar.

Seguro de desempleo. De entrada no es un seguro; para que lo fuese debería haber el pago de una prima, que en este caso tendría que ser bipartita (trabajadores y gobierno). Tal como lo diseñaron los diputados, del 5% del salario que las empresas aportan al INFONAVIT, tres puntos se canalizarían a una subcuenta mixta (más una aportación gubernamental de 0.5% del salario a un fondo solidario), de la cual saldrían los recursos para financiar por un máximo de seis meses (60% del salario en primer mes, 50% el segundo y 40% los cuatro siguientes meses) un ingreso al trabajador en caso de que quedase desempleado, siendo el requisito para poderlo gozar haber cotizado al menos dos años seguidos en el IMSS. Es decir, sólo aplica a los trabajadores contemplados en el apartado “A” del artículo 123 constitucional.

Se ha querido vender este programa como uno que le da la libertad al trabajador de cómo usar esos recursos. Si queda desempleado y los usa, se reduce la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Si no los usa, los puede usar para financiar tal adquisición. Y si de plano no los usa, al momento de su jubilación se le agregarían a su pensión. ¡Vaya libertad para alguien que se quedó sin empleo!

Lo aprobado por los diputados difícilmente será aprobado en la Cámara de Senadores, aunque la tentación de crear un estado de bienestar allí sigue, no importa que no haya con qué pagarlo.

Fuente: Asuntos Capitales (México)