Hay avances en la nueva legislación. Pero hay que ser realistas: el que se legalicen las candidaturas independientes no cambiará de forma radical el panorama político de nuestro país.

La nueva reforma política que se promulgó formalmente el pasado 8 de agosto dista de ser la llave que resuelva los problemas fundamentales del país. La parte fundamental de lo que debió haber sido esta reforma, la reelección de legisladores y quizá de presidentes municipales, simplemente no se incluyó en la redacción final.

Hay avances en la nueva legislación, por supuesto. El permitir las candidaturas independientes es un paso en la dirección correcta. Simplemente no era justo que los partidos políticos tuvieran un monopolio para postular a candidatos a cargos de elección popular.

Pero hay que ser realistas: el que se legalicen las candidaturas independientes no cambiará de forma radical el panorama político de nuestro país.

En un sistema con financiación pública de las campañas no se sabe aún cómo podrán pagar por sus campañas los candidatos a cargos independientes. Ni queda claro que cuenten con las estructuras que les permitan tener representantes en todos los centros de votación. El cambio es importante, pero es poco probable que lleve a una modificación de fondo de la manera en que los partidos manejan la política en México.

Más prácticos serán los cambios que tienen que ver con la toma de protesta del presidente de la República. Muchos tenemos grabadas en la memoria las imágenes del intento por parte de los legisladores de Andrés Manuel López Obrador de tratar de impedir la toma de protesta del presidente Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006. Al final el presidente electo tuvo que entrar por la puerta de atrás del Palacio Legislativo y rendir protesta en medio de gritos y amenazas de los lopezobradoristas.

Las reformas a la Constitución ya no hacen obligatorio rendir protesta en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de la Unión. En caso de que esto no se pueda hacer, el presidente electo podrá prestar su juramento ante los miembros de las mesas directivas del Congreso. Y si no, lo podrá hacer frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, no es necesario realizar el acto ante el pleno del tribunal o en alguna de las dos sedes oficiales de la SCJN. Con esto se evitan las incertidumbres legales que se vivieron en 2006.

Otro elemento de la reforma política es la llamada iniciativa preferente. Esta le permitirá al presidente de la República someter ciertas iniciativas al Congreso que no podrán ser congeladas. En un plazo de 30 días los legisladores tendrán que aceptarlas o rechazarlas, pero no podrán simplemente guardarlas sin hacer nada.

No son cambios sin importancia, pero ninguno habría tenido la misma relevancia en la vida política de nuestro país como la reelección de legisladores. Si a los ciudadanos no se les permite la posibilidad de castigar o premiar a los diputados o senadores rechazándolos o reeligiéndolos, difícilmente lograremos mejorar la calidad de la clase política de nuestro país.

Fuente: Asuntos Capitales (México)