Se cumplieron 96 años de haber sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, país mejor conocido como México. Como todos los años hubo una ceremonia para festejar este aniversario y en los discursos se emitieron una enorme cantidad de loas a tal evento, afirmando que nuestra venerable Constitución es un documento vivo, que se ha adaptado en todo momento y circunstancia a las condiciones reinantes en su momento y reflejando siempre la visión de Estado que haya tenido el Presidente de la República en turno, incluido obviamente el actual. Es tan viva nuestra Constitución, que en estos 96 años ha sido modificada más de 400 veces, lo cual refleja el poco respeto que se le ha tenido a lo que es la base jurídica del país. Pero en fin.

¿Es nuestra Constitución, tal como está vigente, el marco legal supremo que se requiere para que México logre alcanzar un alto nivel de desarrollo económico? Esta pregunta parecería ser banal más, sin embargo, no lo es ya que de ella emanan todas las reglas formales del juego, las leyes y los reglamentos, que rigen el comportamiento e interacción de los agentes económicos privados en los diferentes mercados, así como el rol que el gobierno juega en la economía.

Un gran cambio, fue haber modificado el Título I de la Constitución al haber pasado de “Garantías Individuales” al “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, reconociendo que todo individuo goza de determinados derechos inalienables y que estos tienen que ser garantizados por el Estado. Resaltan en estos la libertad a ser cada quien propietario de su propio cuerpo, la libertad de pensamiento y de manifestación de ideas, la libertad religiosa, la de asociación, etcétera.

Hay sin embargo en este primer Título de la Constitución diversos preceptos que, desde un punto de vista económico, derivan en un resultado ineficiente. Destaca, en primer lugar, el artículo 3, que establece que toda la educación impartida por el Estado será gratuita; es obligación del Estado garantizar el acceso bajo igualdad de oportunidades al servicio educativo, más no debería ser su obligación proveerla. Y qué decir prácticamente todo lo establecido en el artículo 4. Derechos positivos a innumerables cosas como alimentación, servicios de salud, vivienda, medo ambiente sano y más, que de ser efectivamente exigidos por la población, no habría manera de financiarlos.

Y finalmente, están los artículos 27 y 28. Raro que estén en el capítulo de “Derechos Humanos”, porque prácticamente todo lo ahí establecido los viola. Primero en el 27, no se reconoce a la propiedad privada como una derecho natural sino que se establece que todos los recursos (tierra, agua y el subsuelo) le pertenecen a la Nación (whatever that means), de forma tal que la propiedad privada es solamente un derecho derivado. Y peor, aun los recursos de propiedad privada pueden revertirse a la propiedad de la Nación, bastando solamente un decreto de expropiación. ¿Y hablamos de que en México existe certeza jurídica? ¿Hablamos de que los derechos privados de propiedad están eficientemente protegidos y garantizados? Por otra parte, en este mismo artículo se establece que solo el gobierno podrá producir hidrocarburos y el servicio público de energía eléctrica (y el artículo 28 establece que no son monopolios; de risa): El resultado, PEMEX y CFE son de las empresas más ineficientes del mundo en su ramo de actividad.

Y así podemos seguirle con muchos otros artículos, como podría ser el 123. Nuestra Constitución es, la neta, esquizofrénica.

Fuente: Asuntos Capitales (México)