Se ha hecho costumbre que las manifestaciones del 2 de octubre se conviertan en escenarios de violencia. Es también ya una ocurrencia cotidiana  que las vías principales de comunicación de la ciudad de México sean paralizadas por manifestaciones y plantones.

Las movilizaciones se realizan cada vez más con el propósito de agredir y dañar lo más posible a los ciudadanos. Cruces vitales de la ciudad, como Reforma e Insurgentes, son paralizados durante horas por grupos que buscan tratos de privilegio del gobierno. Los accesos al aeropuerto han sido bloqueados en varias ocasiones. Los costos para los comercios y negocios del Paseo de la Reforma y el centro histórico han sido enormes. Se calcula que exceden los mil millones de pesos nada más en las últimas semanas.

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha pedido al gobierno federal un “fondo de capitalidad” para compensar el impacto de las marchas en la ciudad. El líder del PRD capitalino, Raúl Flores, ha afirmado que el monto debe ascender a 7 mil millones de pesos. Pero muchos críticos señalan que es indebido dar dinero de los contribuyentes al gobierno de la ciudad de México por no cumplir con su obligación de mantener la paz pública y la libertad de circulación.

La tolerancia de las autoridades capitalinas a las manifestaciones no ha evitado que estalle la violencia. Este 2 de octubre hubo agresiones constantes a los policías encargados de custodiar ciertas calles y edificios. Más de treinta policías fueron lesionados. Algunos sufrieron quemaduras de segundo grado provocadas por bombas molotov. Cuando finalmente se permitió reaccionar a los granaderos, estos lo hicieron con furia y también cometiendo abusos. También los policías son seres humanos.

La experiencia en México y el mundo nos dice que es indispensable que un gobierno mantenga reglas claras y firmes para controlar las protestas. El derecho de manifestación existe en todos los países democráticos del mundo, pero en ninguno se permiten los abusos, como los bloqueos prolongados, que se han convertido en parte de la vida cotidiana de nuestro país y en particular del Distrito Federal.

Cuando la autoridad, por miedo a actuar contra manifestantes violentos o por favorecer a algún grupo político permite que los activistas abusen de los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes se están sembrando las semillas para posteriores casos de violencia.

Ya lo vimos en Colombia. Los abusos de guerrilleros y narcotraficantes a la población llevaron a la creación de grupos paramilitares que cometieron también crímenes y abusos. Si bien hay mucha gente que piensa que tener un gobierno que aplique estrictamente la ley es un signo de autoritarismo, la historia nos dice que, por el contrario, un gobierno firme y apegado a la ley al final evita problemas y actos de violencia.

Fuente: Asuntos Capitales (México)