La semana pasada el Instituto Simon Fraser dio a conocer el Índice de Libertad Económica 2013, en el cual México aparece como un país mayormente libre, obteniendo un puntaje global de 6.64, ocupando el lugar 94 de un total de 152 países evaluados. Son cinco las grandes áreas evaluadas: tamaño del gobierno (6.77), sistema legal y derechos de propiedad (4.63), dinero e inflación (8.12), comercio internacional (7.04) y regulación (6.66).

Como se puede apreciar, la mayor debilidad está en el área de sistema legal y derechos de propiedad, lo que implica que estamos muy lejos de vivir en un país en donde rija un íntegro estado de derecho, lo que impacta negativamente en el desarrollo económico y de ahí que a pesar de ser la doceava economía más grande del mundo, seamos una economía medianamente desarrollada, tal como se desprende del lugar 60 que ocupamos en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas (PNUD).

En esta área, los elementos que se toman en consideración son (con su respectivo puntaje): independencia del poder judicial (3.94), imparcialidad del poder judicial (3.88), protección de los derechos de propiedad (5.36), interferencia de los militares en la política (6.67), integridad del sistema legal (3.33), cumplimiento de contratos (5.45), restricciones regulatorias a la venta de la propiedad (6.86), confiabilidad en la policía (3.02) y costos para las empresas de actividades criminales (3.15).

La razón de ser del gobierno es proveer a los agentes económicos, individuos y empresas, de seguridad y la protección de los derechos privados de propiedad, siendo crucial para ello tener un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito, siendo su principal función, además de penalizar actos criminales (que son por sí mismos actos que atentan en contra de los derechos de terceros), garantizar el cumplimiento de los contratos. Y es en esto en donde fallamos estrepitosamente.

Un país en donde no existe la garantía judicial del cumplimiento de contratos de forma imparcial y expedita, será uno en donde el premio ex ante exigido para invertir tenderá a ser más elevado, lo que deriva en una menor tasa de inversión y en menor crecimiento económico. Además, en un contexto de estas características, la asignación de recursos tenderá a ser ineficiente ya que si las empresas no cuentan con la garantía de que ante la violación de un contrato pueden acudir al poder judicial para que éste obligue a la parte violatoria a cumplirlo o adjudicar las garantías a la parte violentada, tenderán a establecer contratos únicamente con contrapartes conocidas y calificadas como “honorables”, aunque no sean el mejor proveedor o el mejor cliente y ello claramente impacta negativamente sobre el crecimiento y el desarrollo económico.

Otras cuatro áreas dentro del Índice, éstas en materia de regulación que vale la pena resaltar por el bajo puntaje asignado son: regulación sobre contratación y despido de mano de obra (3.84), costos de despido (4.82), costos burocráticos (3.41) y corrupción (4.34).  En lo que corresponde a las dos primeras, contratar trabajadores es muy caro porque los costos de despido son elevados, algo que no se modificó cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo. Y de los dos segundos, vivimos en un país notoriamente corrupto, uno en donde la burocracia tiene el poder discrecional para aplicar la excesiva e ineficiente regulación a la cual se enfrentan las empresas, lo que los induce a actuar como buscadores de rentas, con los altos costos que ello trae sobre la inversión y el desarrollo.

Fuente: Asuntos Capitales (México)