En la reciente reunión del Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos, el expresidente Ernesto Zedillo afirmó que lo que México necesita es: “estado de derecho, estado de derecho, estado de derecho”. Se dice que México es un país de leyes, no porque éstas se cumplan sino porque son muchas. En realidad estamos muy, pero muy lejos de vivir en un íntegro estado de derecho. La inseguridad que nos aqueja proveniente del crimen organizado y de los diferentes delitos del fuero común que se cometen con absoluta impunidad es abrumadora, pero esto es sólo una parte del problema. ¿Qué debemos entender por un íntegro estado de derecho? Primero es necesario definir los derechos privados de propiedad los cuales se entienden como “la asignación exclusiva de un recurso a un individuo, incluyendo su propio cuerpo, para que éste decida libremente su utilización, respetando siempre los derechos de terceros”. Son cuatro los elementos más importantes de un íntegro estado de derecho.

El primero es el derecho a la posesión de bienes como una extensión del derecho a la vida. Cada individuo es poseedor de su propio cuerpo y por lo mismo tiene el derecho natural de poseer bienes, sea por el principio de primera ocupación o a través de su adquisición. El derecho a la posesión de bienes es, en consecuencia un derecho natural. En México esto no se cumple ya que el artículo 27 constitucional establece que toda la tierra, agua y lo que se encuentre en el subsuelo son propiedad originaria de la Nación, la cual puede transferir estos a los particulares para crear la propiedad privada. En consecuencia, la propiedad privada es un derecho derivado y no, como tendría que ser, un derecho natural.

El segundo es el derecho a la libre utilización de los recursos. Dado que estos son escasos, cada individuo tendrá el incentivo para asignarlos a aquel uso en donde el rendimiento esperado sea el mayor ya que ello deriva en tratar de maximizar el ingreso para adquirir los bienes y servicios que le permitan maximizar el bienestar familiar. Para ello se requiere que los mercados de bienes, servicios y de factores de la producción sean competitivos y que haya igualdad de oportunidades. Obvio, en México esto no se cumple al existir significativas barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados, una regulación excesiva e ineficiente que deriva en una muy alta incidencia de corrupción.

Adicionalmente, en el ejercicio del derecho a la libre utilización de los recursos, se tienen que respetar siempre los derechos de terceros y de ahí que sean ilegales actividades como homicidio, violación, secuestro, extorsión, robo, asalto, fraude, etcétera. Que en México exista un 95% de impunidad en la comisión de delitos del fuero común habla por sí mismo de que esto no se cumple.

Tercero, el derecho a la libre transferencia de los recursos, lo que implica que todas las transacciones son voluntarias y en mercados competitivos. Aquí tenemos una enorme cantidad de monopolios y prácticas monopólicas, tanto gubernamentales como privadas.

Y cuarto, los tres derechos anteriores son válidos ante los tribunales. Se requiere, en consecuencia que el poder judicial sea independiente, imparcial, eficiente y expedito. Y esto no se cumple ni de cerca en México. Tenemos un poder judicial, sobre todo en las entidades federativas, que no es independiente, no es imparcial y no es ni eficiente ni expedito y, además, está plagado de corrupción.

Y luego se preguntan por qué no crecemos. Zedillo tiene toda la razón.

Fuente:  Asuntos Capitales (México)