La libertad de manifestación está garantizada en la  Constitución. Nadie lo cuestiona. Los mexicanos estamos habituados a marchas y  protestas. Es un derecho que encontramos en todos los países democráticos del  mundo y que los mexicanos aceptamos sin chistar. En México, sin embargo, este  derecho se ha ampliado a incluir la agresión a terceros, cosa que no se acepta  en ningún país democrático del mundo.

Los  capitalinos ya ni siquiera vemos las marchas. Tan solo en los primeros nueves  meses de gobierno de Miguel Ángel Mancera, se registraron 2,370 manifestaciones  en el Distrito Federal. Estamos acostumbrados a que cualquier grupo se lance a  las calles en busca de dinero o prebendas o para protestar por agravios.

Las  marchas se han convertido, de hecho, en un negocio rentable. Organizaciones  como Antorcha Campesina, el Frente Popular Francisco Villa, el Barzón y la  Asamblea de Barrios no sólo organizan sus propias manifestaciones sino que se  alquilan a otras.

En  México son mucho más comunes las manifestaciones que en los países democráticos  porque son recompensadas. Las autoridades no prestan atención a las exigencias  o agravios de los grupos de poder sino hasta que hacen una manifestación. Las  marchas se han convertido en el equivalente de la petición a la autoridad de  las sociedades democráticas.

Son  tantas las manifestaciones que los grupos que utilizan este recurso como arma o  negocio ya no pueden limitarse nada más a marchar en las calles. Necesitan algo  adicional para llamar la atención. Por eso llevan a cabo bloqueos u otras  formas de agresión a terceros.

Los  bloqueos de avenidas de la ciudad de México y Oaxaca por la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación son ejemplo de esta estrategia. Cada  vez se ven con más frecuencia también bloqueos de carreteras y autopistas.  Entre las vías de comunicación que más han sufrido estos bloqueos están la  Autopista del Sol, la México-Puebla, la Orizaba-Puebla y la Ciudad Obregón-Nogales.

Las  autoridades mexicanas no se atreven a utilizar la fuerza pública para liberar  las vías de comunicación. El gobierno del Distrito Federal ha permitido que los  bloqueos sobre el Paseo de la Reforma, Insurgentes, el Periférico y el Circuito  Interior se realicen de manera constante y se mantengan durante horas. El  gobierno federal permite también bloqueos prolongados de carreteras y  autopistas. Los funcionarios siempre pueden viajar en helicóptero y poco les  importan los daños que sufren los ciudadanos comunes y corrientes.

Esto no  ocurre en los países democráticos. Cuando en Nueva York el movimiento de los  indignados contra Wall Street pretendió bloquear el puente de Brooklyn, la  policía actuó de inmediato, disolvió el bloqueo y detuvo a unos 400  manifestantes. En México, en cambio, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera  pidió dinero al gobierno federal para compensar a las víctimas de los bloqueos.  El gobierno federal y el de Oaxaca, a su vez, han premiado con dinero y  prebendas a los grupos que se manifiestan.

Con  estas condiciones seguiremos viendo bloqueos que tomen como rehenes a  inocentes. Mientras la extorsión sea un buen negocio, seguirá siendo una  ocurrencia cotidiana en nuestro país.

Fuente: Asuntos Capitales (México)