¿Sabe usted hasta cuánto puede endeudarse nuestro gobierno? No hay límite. Solo se necesita que el Congreso apruebe un préstamo para que la deuda siga creciendo. Y si por el momento el Congreso ha estado dividido, no me extrañaría que se intercambien votos para la aprobación de los “bonos” para pagar la “deuda flotante” a cambio de votos para otros intereses políticos de quienes hoy están frenando la aprobación.

Por ello me parece adecuado que se fije un techo al máximo endeudamiento del gobierno. Este techo no podría ser cambiado por simple mayoría, sino que de al menos tres cuartas partes de los diputados que conforman el Congreso. Esta propuesta debería quedar plasmada en la Constitución de la República de Guatemala. Sería un límite claro a la irresponsabilidad de los políticos a la hora de hacer sus presupuestos y aprobarlos deficitariamente.

Junto con este techo se deberían hacer otros cambios constitucionales que prohíban el déficit fiscal. El déficit causa desequilibrios serios en el manejo de los escasos recursos de una empresa, no digamos en el gobierno. Una empresa puede quebrar por falta de flujo de caja al igual que debería quebrar un gobierno. Las empresas responsables cuidan muchísimo este aspecto y saben que si gastan más de lo que tienen tendrán graves problemas y podrían cerrar. El gobierno debería tener esta misma restricción. Si ve que no va a tener los recursos que esperaba, entonces forzosamente tendrá que recortar sus gastos. No le quedará otra. De haber déficit en un año fiscal automáticamente debería despedirse al Ministro de Finanzas. No hizo bien su papel, por lo que no debería seguir al frente de dicha cartera. No se debería esperar al final del año; con un mes en déficit, el ministro ya no debe seguir.

Otro cambio importante que debería quedar ligado al del techo de la deuda y a la prohibición de déficit fiscal es el de “simetría fiscal”. Cada proyecto nuevo debe aprobarse solo si viene acompañado de sus respectivos ingresos. Si un proyecto nuevo no demuestra que tiene también su contrapartida en ingresos no podrá aprobarse. Esto haría más responsables a quienes quieren crear proyectos a toda costa y evitaría que el Congreso esté aprobando propuestas que aumenten el gasto y por ende presionen hacia un déficit fiscal. Al preocuparse por buscar ingresos que se amarren al gasto están siendo responsables. Como los diputados tienen que aprobar dicho proyecto nuevo, deberán también buscar la forma de financiarlo. Pero todos sabemos que no se puede imponer un nuevo impuesto de la nada porque eso resta votos, así que los diputados serán muy cuidados en no caer en su popularidad.

También hay que poner un límite a la imposición de impuestos, por aquello de los diputados “cuerudos”. Si no, los diputados se volverían demasiado creativos inventando impuestos y esto frenaría el crecimiento económico. El límite podría ser que ningún impuestos se puede aprobar sin el consentimiento de los ciudadanos a través de una consulta popular.

Estas ideas no son nuevas ni mías. Vienen de la teoría del Public Choice o “teoría para la toma de decisiones públicas”. Esta teoría nos da luz sobre cómo actúan los políticos. Son personas al igual que todos los demás ciudadanos de un país, con sus propias motivaciones e intereses personales, y que actúan para mejorar su propia condición ante sus votantes. Se entiende entonces por qué están proponiendo leyes que incrementan el gasto, pero se desentienden de buscar los ingresos para sus proyectos. Todo cae al fondo común. No hay rendimiento de cuentas. Esto fomenta la “irresponsabilidad fiscal” y es lo que los teóricos del Public Choice llaman “asimetría fiscal”.

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)