Por mucho que nos aturda el baile de los millardos en el gobierno, debemos preguntarnos: ¿qué podríamos hacer los ciudadanos para proteger nuestros ingresos, ahorros y sueños de un gobierno derrochador?

Cerramos nuestras mentes al escuchar el rimbombante título “Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado”. Nos cuesta entender los análisis de la composición del gasto y sus variaciones anuales. Lo que es más, no contemplamos el costo de cientos de diversos servicios gubernamentales cuando exigimos que éstos sean prestados.

En momentos de lucidez, sin embargo, comprendemos que si los gobiernos pudieran generar prosperidad gastando, seríamos un país rico. Intuimos que la pretensión de desembolsar dinero ilimitadamente es fantasiosa, pues ningún prestamista permite tales extremos a familias o empresas particulares. Y sabemos que la factura por la loca fiesta parará en la bandeja de los tributarios, así sean nuestros nietos. Guatemala no es el único país en el cual el tamaño del presupuesto aumenta a un ritmo dramático.

El presidente Otto Pérez pide aprobar un proyecto de Q. 70 mil 564 millones para el 2014, es decir, Q. 193.32 millones diarios. Hace cuarenta y dos años, el presupuesto ascendió a Q. 221.4 millones; de aprobarse la iniciativa oficial, cada día quemaríamos poco menos de lo que se erogó durante todo el año en 1971. Tal comparación revela lo modesto que es el recorte requerido por la oposición, pues éste nos pondría al nivel del presupuesto actual de Q. 66 mil 985.4 millones, el cual también luce abultado.

Claramente los procesos políticos no incentivan a los actores a controlarse. La ciudadanía se podría blindar de abusos y arbitrariedades mediante una constitución fiscal: un conjunto de reglas de largo plazo que haga explícito el compromiso nacional respecto de los impuestos y el gasto público.

La fórmula más popular es el presupuesto balanceado que prohíbe al gobierno erogar más de lo que percibe de ingresos. Hoy día, los estados de Estados Unidos y países como Suiza y España poseen reglas al efecto. Por ejemplo, para el 2020 España tendrá que tener un presupuesto balanceado tanto al nivel nacional como regional y su deuda pública no podrá exceder el 60% del Producto Interno Bruto. Quienes abogan por esta solución consideran que no es necesario aumentar la carga tributaria ni reducir drásticamente el gasto público para lograr un presupuesto balanceado. Se puede lograr en menos de una década si el gasto público aumenta no más de 2 ó 3% cada año.

La Declaración de los Derechos del Contribuyente (TABOR), aprobada en 1994 por el estado de Colorado, es otro modelo de constitución fiscal. TABOR permite aumentos al gasto público en función de la tasa de inflación y el crecimiento poblacional. Además, un nuevo impuesto o una tasa más alta a un impuesto existente es aprobado por ciudadanos en un plebiscito. Si los funcionarios recaudan más de lo que pueden gastar, deben devolver el dinero al ciudadano. En total, el gobierno de Colorado ha devuelto $2 millardos a los tributarios debido a esta medida.

Una contundente constitución fiscal presenta varias ventajas. Puede reducir la deuda pública y los pagos por intereses sobre la misma, así como mejorar la calidad del gasto público y reducir la corrupción y el despilfarro. Algunos sitios han visto descender, no subir, la carga tributaria.

En el 2005, Colorado votó por aflojar los requisitos de su TABOR, evidenciando que ninguna enmienda constitucional transforma a un pueblo indulgente y dependiente de los servicios gubernamentales, en un pueblo templado y prudente. Por otra parte, el descalabro económico que sufrieron países como España e Italia los ha hecho recapacitar, y por ello han optado por aprobar normas para balancear su presupuesto. Guatemala podría implantar reglas sanas antes de encontrarse circunstancias tan deplorables.

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)