La minería ha estado bajo acoso a nivel mundial durante los últimos años. Sin embargo, en Guatemala, la ignorancia en temas económicos y la ideología anticapitalista la han convertido en su blanco preferido. Hemos escuchado opiniones disparatadas sobre problemas de la minería de parte de algunos obispos, de grupos ambientalistas que supuestamente defienden el ambiente, de la izquierda radical y ahora vemos un acoso de parte del mismo gobierno al decretar una moratoria innecesaria a la concesión de licencias de explotación.

La realidad es que la minería moderna es atacada por razones ideológicas. No vemos ataque a la minería artesanal, a la pequeña ni vemos comentarios sobre la minería informal o que está al margen de la ley. Vemos ataques contra las grandes empresas que con todo un know-how especializado y grandes inversiones de capital han escogido Guatemala para llevar a cabo sus operaciones mineras.

La moratoria a la minería, aunque debe ser ratificada por el Congreso, pues la ley sigue vigente, existe de hecho. Este gobierno ya no está otorgando licencias de explotación. La noticia se ha corrrido a nivel mundial y el mensaje ha sido claro y nefasto para nuestro país, ya que le estamos diciendo claramente a los capitales extranjeros que no se otorgarán más licencias de explotación. En este momento es una decisión ilegal, por lo que cualquiera puede ir a la corte de constitucionalidad una vez cumplidos los requisitos de la ley para solicitar su licencia. Esta moratoria es una muestra de un gobierno flojo que actúa bajo presiones políticas y sociales y no bajo principios y ley.

¿Quién quiere venir a invertir a Guatemala si las reglas del juego se cambian durante el juego? El resultado es que no solo capitales interesados en invertir en minería se alejen del país, sino también cualquier otro capital que hubiera estado interesado en otro sector. El “riesgo país” ahora es mayor debido a las incongruentes decisiones políticas y, por consiguiente, quien viene a invertir esperará una mayor tasa de rendimiento por su capital invertido. Si la ley se quiere modificar, no era necesario declarar una moratoria.

Estamos perdiendo oportunidades de generación de riqueza a pasos agigantados al ahuyentar capitales que pueden venir a invertirse y generar empleos permanentes y mayor desarrollo económico. En un país pobre como lo es Guatemala, eso es imperdonable.

La minería es una actividad que, además del riesgo político que tenemos en Guatemala debido a que el subsuelo es del Estado y por consiguiente no es de nadie. Todos opinan sobre ello y aquí radica el conflicto. En otros países, el subsuelo es del dueño de la superficie y es el propietario el que decide si se explota o no su subsuelo. Incluso puede arrendarlo, venderlo, hipotecarlo y usarlo como lo hace con su propio terreno superficial. Eso le da un mayor poder de decisión sobre lo suyo. Una explotación tendría que tener el aval del dueño de la superficie y del subsuelo evitando así todo conflicto social de quienes no tienen nada que ver con el asunto. Si hay daños a terceros, entonces es más fácil resolver el problema a través de la justicia, pues se identifica mucho mejor quién es el tercero y cuál es su propiedad dañada.

Los precios de los minerales y metales han estado bajando en el último año. Aún es rentable explotarlos, pero puede llegar un momento en que el mismo mercado decida que hay que cerrar las operaciones. No esperemos a que esto pase, no dejemos que el tren se nos vaya y nos quedemos lamentando las oportunidades pedidas a causa de nuestra gran ignorancia.

Fuente: Centro de Estudios Económico- Sociales (Guatemala)