Después de varias discusiones por radio acerca del tema de la “Intervención” de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para tomar control de las Aduanas, quedan todavía varias preguntas y presuposiciones por dilucidar (Amén de que el anuncio me pareció más parte de un show de TV titulado “Intervención”, y trata acerca de los familiares de adictos a drogas o alcohol, quienes con la ayuda de un “Interventor”, ajeno a cualquier parentesco con la familia intervenida, ayuda a que el adicto salve su vida, cambie su conducta y, con la ayuda de su parentela, busque el camino del bien estando casi al borde del dasahucio médico y social).

Primero, creo que el Presidente no necesita intervenir ninguna institución estatal para arreglar males internos, ya que con el cumplimiento de la ley vigente tiene toda la ventaja para actuar, dentro del marco del Estado de derecho, y solucionar los males que provocan, según él, la “intervención” de la SAT. En este sentido surge la pregunta de si ¿puede el Estado intervenir al Estado?

Segundo, he discutido por radio cómo con esta intervención queda “desnaturalizado” el Ministro de Finanzas, porque estando a la cabeza del Directorio de la SAT, puesto obligado por la ley, pasaría a ser sujeto del interventor. Todavía más, el Directorio de la SAT, conformando también el Tribunal de Aduanas, el cual dictamina, resuelve y conoce las revocatorias y las apelaciones en materia aduanera, por lo que no puede ser “juez y parte” (De hecho, los Ministros de Economía de la región acordaron la conformación de estos “Tribunales Aduaneros”, pero independientes de los entes fiscales de los países).

Tercero, queda la duda de si nombrar al Superintendente de “Interventor” no sería también una forma de prolongación de un mandato con superpoderes cuando la caída de la recaudación es precisamente no solo un argumento para la “intervención”, sino también una de las causales de despido. Ojo, que la caída en la recaudación, en estricto sentido, no es culpa de la SAT, y que eso quede claro, sino del conjunto de leyes aprobadas al inicio de 2012, y las cuales, dijimos en tantas ocasiones, hace que la recaudación caiga tomando cada vez “más velocidad”.

No sorprendería también que ese tamagás de leyes quede en un “limbo” con la famosa “intervención”. Y aquí es cuando debe entrar al ruedo el Congreso.

Cuarto, tan “desnaturalizado” queda el Ministro de Finanzas, sea quien fuere, como “desnaturalizado” también el Ejército de Guatemala, el cual quedaría a disposición del “interventor” de Aduanas. Eso es ilegal.

Por último, creo que la solución está en reconocer que se equivocaron, tanto el Ejecutivo por proponerlos como el Legislativo por aprobarlos, cuando a inicios del 2012 dieron el OK a los paquetes de “actualización tributaria” y “anti-evasión II”, ya que ese es el pecado original que hoy tiene al Gobierno en una crisis fiscal. Soy de la opinión de que el pueblo puede perdonar, y “lo que pasó, pasó,” y enmendar es de sabios. Deben trabajar juntos Presidencia y Congreso para reparar este caro desatino.

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)