Cuando uno creía que ya ningún escándalo de corrupción en Guatemala podría causar sorpresa, los funcionarios chapines se las arreglan para saltarse nuevamente la barda y demostrarnos que, cuando de corrupción se trata, la creatividad de los politiqueros chapines sobrepasa cualquier límite imaginable. Ahora resulta que con nuestros impuestos se equipan los salones de belleza de las esposas, novias o amantes de los funcionarios públicos. ¿Se puede imaginar usted semejante desfachatez? El escándalo lo destaparon los diputados de Encuentro por Guatemala

al revisar las cuentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Resulta que entre las muchas y variadas anomalías encontradas hay una compra directa por casi cuarenta mil quetzales en equipo para salón de belleza. La ridícula explicación que dieron los funcionarios de esa dependencia es que se llevó a cabo un curso de “imagen” para señoritas que trabajan allí. Pues yo he dado y participado en muchos cursos de imagen y en ninguno de ellos he visto que forme parte del currículo el aprender a cortar y peinar el cabello.

Lo que molesta de este caso no es el monto de lo robado, ya que de seguro muchos otros funcionarios se han robado cantidades mil o más veces mayores. Lo que corroe es la desfachatez a la que han llegado. Por vergüenza, ya que no por dignidad, los funcionarios responsables deberían renunciar o ser despedidos. Pero claro, eso en la impune Guatemala es mucho pedir. No digamos esperar que la Contraloría haga algo y persiga a los responsables. Y es que en este caso no hay mucho que analizar. A mi manera de ver, solo hay tres escenarios posibles de lo que pasó.

Algún funcionario (¿el interventor?) decidió equiparle el salón de belleza a su esposa, novia o amante, pero no con sus fondos, sino con los nuestros. Para mí esta es quizá la opción más probable, tomando en cuenta lo caradura y desvergonzados que algunos funcionarios públicos pueden llegar a ser.

El segundo escenario es que el equipo simplemente no se compró y este proceso no es más que un robo descarado de los fondos públicos. Este escenario se complementa con otros hallazgos, donde la misma empresa le facturó a la DGAC servicios de limpieza y de fumigación. Y además resulta que los representantes legales de la empresa eran trabajadores de la DGAC en el momento que se realizaron las compras. ¿Sospechoso?

El tercer escenario —y el más improbable— es que, en efecto, haya existido el curioso curso de “imagen”. De ser así, los funcionarios deberían ser despedidos no por corruptos sino por imbéciles e incompetentes. ¿Cómo puede uno creer que para dar un curso, no de imagen sino de estilista, se tengan que comprar dos sillas hidráulicas, tocadores y hasta mostrador? ¿Para qué podría servir el mostrador en el curso? ¿Para enseñarle a las señoritas cómo organizar los champús?

Pero la pregunta del millón es, ¿qué fregados tiene que hacer la DGAC impartiendo un curso de estilista? Peor aún, ¿no que la intervención era para acabar con la corrupción?

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)