Cada vez que alguien dice que para combatir a los delincuentes primero habrá que reformar el Código Penal, yo tiemblo. ¡Dios nos libre de una nueva reforma penal a cargo de María Paula Romo y sus amigos, que creen que las “mulas” son solo unos buenos muchachos que se desviaron del camino! Además, la legislación penal necesita de muchísimos cambios, pero el problema principal no radica allí, sino en la falta de voluntad política del Presidente de la República y su Gobierno.

Correa no cree que exista una ola delictiva. Casi nunca la menciona, excepto para de vez en cuando echarle la culpa a Jaime Nebot, como si el alcalde fuese su ministro de Seguridad Interior.

El viernes, su legislador César Rodríguez aseguró que eso de los asesinatos en Guayaquil son solo algunos hechos aislados que alguien (¿quién?, no lo dijo) los “magnifica” con perversas intenciones. Su gobernador, Roberto Cuero, aseguró primero que no hay tantos secuestros. Luego, cuando se dio cuenta de que había metido la pata, cambió de discurso y fue a visitar a Jaime Nebot para demostrar que él es el culpable, como si el verdadero gobernador fuese Nebot y no él.

¿Ustedes creen que si Correa estuviese preocupado por la delincuencia se hubiese ido a meter al Regimiento Quito Nº 1 a provocar una crisis política inédita precisamente en la institución encargada de acabar con los criminales? Ni siquiera se le pasó por la cabeza esa posibilidad. Como vive rodeado de guardaespaldas, no intuye cómo es el país real que está bajo su mando. Ya lo querría yo ver en plena Trinitaria. ¿Se atrevería allí a abrirse la camisa y gritar: “Criminales, mátenme si se atreven”? Personalmente no se lo sugiero.

Su Gobierno ofrece diez mil dólares para el que entregue información que ayude a capturar… ¿acaso a los diez criminales más buscados? No, al que se persigue con tanto afán no es ningún violador ni asesino sino un oficial al que acusan de instigar un supuesto golpe de Estado en el que nadie cree. Recompensa para encarcelar policías, no a las mafias que nos aterran.

La revista Vanguardia reveló que en el país hay 286 procesados por “terrorismo”. Decenas, quizás centenares de policías, fiscales y jueces han recibido la orden de perseguir a Marlon Santi, Fidel Araujo y a cualquier ciudadano que se queje, desatendiendo en su lugar a las bandas de sicarios.

Hay muchos malos oficiales y policías de tropa que están acostumbrados a no rendirle cuentas a nadie. Lo único que les exigen los gobiernos de turno es que no desestabilicen el poder del Presidente. De allí la modorra y el quemeimportismo, que no les permite cumplir a los buenos policías, que sí existen y son muchísimos.

Por todo esto, el primer paso debería ser transferirles el manejo político de las comandancias de Policía a los gobiernos locales, sobre todo a los municipios, acompañando esa medida de una mayor participación popular y de veedurías ciudadanas. Todo lo demás (reformar las leyes, invertir más dinero) es muy importante, pero lo primero y más urgente debería ser restaurar la voluntad política.

Comencemos por allí, estableciendo un sistema de control civil. Municipalizar la Policía es el primer paso que habría que dar.

Fuente: El Universo (Ecuador)