He llegado finalmente a convencerme de que el síntoma potencialmente más peligroso, en la grave enfermedad que padece la democracia ecuatoriana, es la subordinación de la Asamblea Nacional al Ejecutivo.

En estos mismos días, asistimos al espectáculo lamentable de una mayoría legislativa que se apresta a aprobar leyes sobre temas trascendentales, haciendo caso omiso de las múltiples y razonadas opiniones discrepantes que se han escuchado, dentro y fuera de la Asamblea. Mi pesimismo me lleva a creer que proyectos tan polémicos, como los que ha presentado el oficialismo en comunicación, educación superior, cultura y en otras materias, serán aprobados sin ningún cambio importante, porque ese es el interés del Gobierno; y que todas las consultas, la llamada socialización u otras fórmulas similares, solo sirven para dar la apariencia de una apertura que, en realidad, no existe. Y que si determinados asambleístas de la mayoría sienten algún resquemor frente a las consecuencias que provocarán tales leyes, terminarán cerrando los ojos y votando afirmativamente.

Y si eso es lo que hemos visto y podemos esperar en el futuro en el ámbito legislativo, qué podemos decir de la fiscalización, que es una palabra que no existe en el diccionario de la Asamblea.

Y reitero que esta sumisión, que estuvo ya presente en Montecristi y se ha repetido una y otra vez en la actual Asamblea, es el síntoma más peligroso para la democracia. Me explico. No es raro encontrar, tanto en la experiencia ecuatoriana como en la de otros países, especialmente latinoamericanos, gobiernos con tendencias autoritarias, que, desde las alturas del poder, pretenden, no solo imponer a raja tabla sus proyectos y programas, sino someter bajo su control a todas las instituciones públicas e inclusive a las privadas. Tales intentos sólo pueden ser frenados cuando hay un órgano legislativo, congreso, asamblea o como quiera que se llame, que se plante firmemente frente al ejecutivo, que se resista a dictar las leyes ad hoc que favorecerían sus propósitos y que ejerza severamente sus atribuciones fiscalizadoras. Solo entonces se podrá restablecer el equilibrio propio de un sistema político democrático.

Pues nada de eso está ocurriendo en el Ecuador. La Asamblea con su actual composición no querrá, y aunque quisiera, no podrá contener el proceso de acaparamiento del poder en manos del Gobierno. Solo veo a la vista un remedio: que cambie la composición de la Asamblea. ¿Será posible? El único mecanismo a la vista es la revocatoria del mandato de los asambleístas. Ya sé que se trata de un procedimiento complicado, que solo puede hacerse luego de que los elegidos hayan cumplido un año en sus funciones, que se reúna un elevado número de firmas, que en medio de la ambigüedad y los vacíos legales se encuentre el camino adecuado y, sobre todo, que se superen las mil argucias que surgirán para impedirlo. Pero considero que se debe marchar en esa línea, si se quiere impedir la consumación del proyecto oficial. Y me parece que este camino, sinuoso y todo, es preferible a la revocatoria del mandato presidencial.

Fuente: Diario Hoy