El operativo fue con base en el estado de excepción que decretó el Presidente en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, para impedir la explotación de oro.

Tony Valencia miraba ayer con impotencia los motores destruidos de las tres retroexcavadoras que estaban bajo su vigilancia. “A las 08:00 del sábado, una docena de militares llegó a bordo de un helicóptero, descendieron y destruyeron las máquinas con explosivos”, contaba con tristeza.

Valencia y dos guardias más tenían a su cargo la vigilancia de este campamento de la mina denominada ‘Pura Pepa’, ubicada a orillas del río Bogotá. El celador miraba preocupado las piezas rotas del motor que estaban tiradas en el suelo lodoso.

Los adhesivos de color anaranjado, que fueron colocados sobre las tres retroexcavadoras por los militares, indicaban, con letras negras: clausurado minería ilegal. En la parte inferior estaba la fecha: 21 de mayo del 2011.
Cerca de las 10:00 de ayer, helicópteros seguían sobrevolando en las zonas montañosas de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, ubicados en el norte de la provincia de Esmeraldas.

Desde las 07:00 del sábado hasta el mediodía de ayer no hubo servicio de telefonía móvil. Los mineros consideraban que fue una estrategia de las autoridades para evitar que se comuniquen y se organicen para protestar.

En los poblados vecinos de las mineras artesanales, como la parroquia de San Francisco, del cantón San Lorenzo, la gente comentaba sobre el sorpresivo operativo militar, que se realizó paralelamente en varios frentes. Se estima que en estos cantones fronterizos hay, al menos, 120 minas dedicadas a la extracción de oro.

La tarde de ayer, los mineros artesanales se reunieron en la comunidad de La Guarapera, en San Lorenzo, para discutir sobre el operativo y preparar medidas de protesta. Hasta el cierre de esta edición aún no había acuerdos. Pero rondaba la posibilidad de realizar un paro.

En dicha reunión se aseguró que tres personas resultaron heridas y que 120 retroexcavadoras fueron destruidas. Sin embargo, el ministro de Defensa, Javier Ponce, aseguró que  hubo un herido y que se inutilizaron alrededor de 67 máquinas.

El sábado, en una mina situada en la localidad de Ventanas, junto al río Cachaví, una veintena de trabajadores forcejeaba con los militares, luego de que hicieron explotar parte del motor de una retroexcavadora. Los mineros tiraron piedras y los uniformados respondieron lanzando bombas con gas lacrimógeno.

También dispararon. Una bala  impactó en la pierna izquierda de David Cortez, de 34 años. Luego que los uniformados se retiraron, el herido fue trasladado  a una casa de salud de  Ibarra.

Durante el operativo, no solo se destruyeron máquinas de los mineros. A orillas del río Cachaví, los militares también hicieron volar parte de los motores de dos retroexcavadoras de la empresa maderera Setrafor.

Ayer dos trabajadores de la maderera contaban que los soldados prácticamente les arrebataron dos retroexcavadoras, mientras arreglaban la vía lastrada. “No nos escucharon cuando les explicábamos que nuestra labor es el arreglo del camino”.

Jesús Constantino, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros de la zona norte de Esmeraldas, que agrupa a 100 socios, responsabilizó al nuevo ministro del Interior, José Serrano, del operativo. “Cuando fue funcionario del Ministerio de Minas y Petróleos ya tenía la intensión de terminar con la actividad minera”.

Tony Valencia informó de lo sucedido a Nilo Escobar, dueño de la mina ‘Pura Pera’, quien habría anunciado que iniciará un proceso judicial. El pasado 18 de marzo, Patricio Benalcázar, director nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, dijo que la explotación minera contamina los ríos y está afectando a la salud de la población.

Fue en una audiencia pública en el Juzgado Sexto de Garantían Penales de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en contra de los ministerios del Ambiente, Recursos no Renovables y de Salud; y de los municipios de los dos cantones.

Como prueba presentó dos informes de análisis de muestras de agua, elaborados por el Instituto de Higiene Izquieta Pérez y por  la Secretaría Nacional del Agua. Los estudios revelan que las aguas de los ríos San Lorenzo, Santiago y sus afluentes tienen un alto nivel de coliformes (bacterias) y elementos tóxicos como arsénico y aluminio y no son aptas para el consumo humano.

Andrea Torres, especialista en monitoreo ambiental, explicó que productos como el arsénico perjudican la salud  al ser inhalados y por el contacto con la piel. Indicó que, incluso, puede causar intoxicación a quienes ingieran alimentos como peces capturados en los ríos. El aluminio también genera problemas.
“Es para cuidar la salud de las personas”

El ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, dio a conocer ayer la versión oficial del operativo militar realizado el sábado pasado en los asentamientos mineros en el norte de Esmeraldas.

Dijo que no fue un desalojo, porque se trata de explotación mineral ilegal. Además, puntualizó que se actuó en base al estado de excepción que decretó el Gobierno Nacional el pasado viernes en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. “Esa medida se la tomó para combatir la minería ilegal y cuidar la salud de las personas”.

También indicó que el operativo, en el cual participaron 600 militares, se amparó en las medidas cautelares que dispuso el Juez XXII de Garantías Penales de Pichincha. “Las Fuerzas Armadas actuaron en defensa de la población de la zona que es afectada por la contaminación del agua y del medio ambiente, como consecuencia de una actividad minera ilegal y antitécnica”.

Confirmó que tras el fuerte operativo militar se inutilizaron 67 retroexcavadoras, que operaban en alrededor de 113 asentamientos mineros ilegales. Agregó que esta acción militar es el inicio de un operativo que continuará en otras zonas del país para terminar con la actividad ilegal.

El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables no dio una información sobre la acción. Este Diario llamó, vía celular, a Diosgrafo Chamba, de la Agencia de Control Minero de esa Cartera de Estado, pero no quiso dar declaraciones, aduciendo que el Ministerio no dispuso el desalojo.

Tampoco fue posible obtener una reacción del titular de ese Ministerio, Wilson Pástor.

Sin embargo, en marzo pasado, al inaugurar una feria de minas en Quito, el funcionario dijo su portafolio trabaja para poner en orden a la pequeña minería y la minería artesanal.

“Estamos erradicando la minería ilegal y paralelamente integrando a los mineros artesanales, dándoles capacitación, financiamiento y aporte tecnológico”.
En meses pasado, el Ejército también ha participado en operativos en otras zonas mineras del Ecuador.

La incursión militar

El 9 de marzo,  Segundo Caicedo, juez sexto de San Lorenzo, ordenó la paralización de la minería artesanal, por la contaminación de los ríos.

En los últimos dos  años se han realizado tres incursiones militares. Esta es la primera vez que se destruyen las maquinarias.

En  Eloy Alfaro y  San Lorenzo se realiza la extracción de oro  a cielo abierto

Fuente: El Comercio (Ecudor)