Vivimos días aciagos en el proceso de transición institucional que empezó a partir de la aprobación de la nueva Constitución de Montecristi. Para quienes ya se olvidaron, a estas alturas del partido, el país debería contar ya con algunas de las leyes cuyos plazos se establecieron en el régimen de transición; pero, más importante aún, deberían ya estar institucionalizados los mecanismos para la designación de las autoridades de control según dictaminó el experimento constituyente de la revolución ciudadana. No olvidemos que la principal causa para embarcar al país en un viaje de esta naturaleza fue precisamente la crisis política del país y la descarnada toma institucional por parte de los partidos políticos, especialmente la toma de la justicia. Pero lo que sucede en el Ecuador no es fruto de una mera coincidencia o un resultado de la evidente ineficiencia y torpeza del esquema diseñado en Montecristi. Se debe a un bien pensando esquema deliberadamente construido para servir a los objetivos políticos de este Gobierno.

Más concretamente, la permanencia de dos autoridades clave: fiscal general de la Nación y Corte Constitucional, se debe probablemente a que, tanto el uno como la otra, son extremadamente funcionales al plan de control institucional de la “revolución ciudadana”.

Recordemos cómo se conformó la pomposa Corte Constitucional de esta nueva era: el antiguo Tribunal Constitucional nominado por la malhadada partidocracia, vía el Congreso cesado y conformado por miembros que fueron colocados allí por el Ejecutivo, y que sirvió durante meses para cumplir con las necesidades urgentes de artificios jurídicos, se transformó como cenicienta, con el advenimiento de la nueva patria, en todopoderosa Corte Constitucional. Todo esto, con el cómplice silencio de las autoridades, los asambleístas y afines, quienes, con su sepulcral mutis, mostraron que al Gobierno le importaba muy poco su recientemente aprobado texto constitucional y que se mofaba de la disposición que establecía que, una vez conformadas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, se organizaría una comisión calificadora para designar a los magistrados o magistradas de la primera Corte Constitucional que, este septiembre, tendrá ya dos años de flamante y espuria vida. La historia del fiscal Washington Pesántez es por demás conocida. Un amigo fiel al presidente Correa, que ha mostrado sus facetas de mayor lealtad en los momentos en los que los cuestionamientos del propio movimiento de Gobierno fueron más agudos y crudos. Es decir, es una amistad a prueba de fuego, que muestra cuán conveniente le puede ser a un presidente tener a un íntimo a su lado, quien conoce demasiado como para saber el ahínco con el que tiene que ser resguardada cada una de las costuras del poder, tejidas con sangre, sudor y lágrimas. Pero así son las cosas. El tiempo vuela y el Gobierno no tiene el más mínimo apuro por concretar el cambio para constituir instituciones sólidas y bien conformadas. Más aún, parecería que al Gobierno no le interesa avanzar, pues se corre el riesgo de que las nuevas instituciones tengan visos de independencia. Finalmente, aquellas que nacieron fruto de la codicia política y para satisfacer sus necesidades de poder le han sido extremadamente útiles para avanzar con su esquema de consolidación y de dominio de cada espacio de poder.

Fuente: Hoy (Ecuador)