¿Debemos perder la esperanza sobre la posibilidad de mejorar la Justicia? ¿No podrá la institucionalidad de este país con el mayor reto que enfrenta esta generación: la impunidad?

El fiasco institucional sufrido con la reforma constitucional a la Justicia, que abochorna aún la conciencia de tantos colombianos, ¿impedirá que tan acuciante tema -el estado de la Justicia, ni más ni menos- pueda volver a discutirse con juicio en el corto plazo?

¿El fracaso del Congreso y del Gobierno, sumado al ambiguo proceder de algunos magistrados de las altas Cortes, condena a la Justicia a seguir llena de problemas por toda esta legislatura?

Una revisión de muchas de las publicaciones hechas sólo en el último año, por este periódico y por otras voces muy autorizadas, podrían llevar al desaliento y al pesimismo, al ver que nada de lo propuesto en pro de una reforma judicial positiva para el país tuvo eco.

Igual decepción produce revisar las reseñas oficiales y periodísticas que ilustraban acuerdos entre las distintas ramas del poder público para mejorar la judicatura, acuerdos que duraban menos de lo que tardaban sus protagonistas en salir del recinto donde se tomaban la foto.

Adicionalmente, todas las medidas que se vayan a adoptar para mejorar la Justicia tienen que pasar, forzosamente, por el Congreso. Incluso aquella que pretenda la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, opción que tampoco es la mejor.

¿Qué hacer, entonces? ¿Podremos confiar en que los poderes públicos han tomado nota de la indignación ciudadana? ¿Tendrán propósito de enmienda? ¿O sus integrantes, que saben de sobra que los escándalos en Colombia no duran más de dos semanas, esperarán sentados mientras la marea pasa para volver a sus pactos soterrados?

Las necesidades, los vacíos, los desarreglos, las precariedades de la Rama Judicial y del servicio público de la Justicia siguen presentes.

Así como sigue el Consejo Superior de la Judicatura, con sus mismos miembros, su misma forma de nombramiento, su dualidad de salas en conflicto entre sí, sus ruedas sueltas…

Y la congestión en los despachos judiciales. El represamiento de los procesos con ciudadanos esperando años, incluso décadas, que se les reconozcan o definan sus derechos. La precariedad en los juzgados, ya no de los pueblos alejados, sino en las mismas capitales.

Y la impunidad.

La semana pasada se conmemoraron veinte años de la entrada en operación de la Fiscalía General de la Nación.

Hubo en ese acto discursos llenos de complacencia, citas filosóficas y de los clásicos griegos, y ni una sola mención, ni siquiera como nota al margen, de la terrible impunidad en Colombia.

Impunidad que es el principal problema no de la Justicia, sino del país. La que abona el terreno de la corrupción, de la inequidad, de la desigualdad, de la violación de todos los derechos fundamentales de los colombianos.

Pero el reto inaplazable del país es que no se agote la capacidad de mejorar su Justicia.

El actual Director de la Agencia de Defensa Judicial del Estado, Fernando Carrillo , ha lanzado ideas interesantes de cómo proceder, sin tener que ir, por ahora, a modificar la Constitución.

La nueva Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa , también se ha manifestado por esa línea de actuación. Ella no tiene trayectoria política y tendrá que enfrentarse a un Parlamento lleno de marrullas, por lo que deberá afinar su sentido de persuasión jurídica para lograr las reformas que no dan espera.

Un pacto por la Justicia debería ser posible. En el que participen de forma diáfana todos los que tengan algo para aportar: jueces, académicos y juristas. Y que incluya los temas más urgentes, y que evite cualquier interés meramente corporativo, como los que hoy tienen a la Justicia en el estado en que está.

Fuente: El Colombiano (Colombia)