Quienes no han pasado por las filas militares desconocen la realidad de los Ejércitos y alimentados por mitos y leyendas sobre la vida militar, terminan convencidos que la institución es una máquina de deshumanización del individuo y construcción de algo adverso a los principios de la civilidad.

Nada más lejano a la realidad; la institución militar si se rige por unos principios férreos que permiten que los Ejércitos no sean hordas desbordadas ejerciendo poderes o tropelías que no les corresponden, como sucedía en las épocas de los imperios de la edad antigua; no en vano la lealtad y la disciplina constituyen el basamento moral y jurídico de los Ejércitos modernos.

Cualquier analista imparcial encontrará que el Ejército Nacional de Colombia y en general el conjunto de las FF.MM., están dentro de las organizaciones militares del mundo más respetuosas de las normas legales que rigen la institucionalidad militar, incluso viviendo un conflicto armado que ya tiene más de 50 años como el nuestro y sumando a ello las experiencias anteriores de organizaciones militares que obedecían a los intereses de los partidos políticos como fue la constante después de nuestra independencia.

El desconocimiento histórico de ese apego a la legalidad y legitimidad que ha tenido el Ejército Nacional de Colombia lleva a que se acepte como cierta la generalización que el comunismo y demás expresiones de la izquierda internacional tienen como método, para equipararlo con el de otros países donde por diversas razones se rompió la institucionalidad democrática; baste preguntarle a cualquier estudiante de educación media hoy y seguro no dará razón académica para explicar que en Colombia, a pesar de haberse presentado algunas razones de violación del ordenamiento constitucional por parte del poder político, las FF.MM. jamás propiciaron gobiernos de facto.

Eso no sucedió ni siquiera en gobiernos de ingrata recordación para la institución militar en los que se comenzó a aplicar medidas restrictivas o la anulación de algunos honores y reconocimientos que el Estado hacía a los militares, retiro de la computación de doble tiempo por razón del servicio en zonas de conflicto, eliminación del reconocimiento de invalidez parcial o definitiva para el reconocimiento de pensión de jubilación, y otros tantos que hiciera el presidente liberal Alfonso López Michelsen, gran amigo desde las épocas del Movimiento Revolucionario Liberal (1960-1967) del Eln, al que dicho movimiento le aportó números cuadros políticos y armados, que ahora desde otras posiciones en el ejercicio de la función pública cobran como vindicta contra la institución que creen contraria a la ‘civilidad guerrillera’ de sus años mozos.  El MRL aún sigue pasando cuentas de cobro inexistentes contra el Ejército Nacional.

De la misma manera hacen los supérstites de la UP que han conducido a creer que la guerra desatada por las guerrillas de finales de los 50 y públicamente exhibidas en 1964, como parte del experimento político del Partido Comunista Colombiano de combinar la lucha armada y la lucha política, al fracasar y no obtener los resultados esperados por la entonces URSS, el Vietnam o Cuba, iba a permitir que en el desarrollo del conflicto de entonces  los propiciadores políticos del mismo, que habían estimulado ideológicamente la guerra, tuvieren un trato diferente a los que empuñaban las armas.

Las tesis que hoy exhiben Iván Cepeda y el MOVICE, como la multitud de empresas calificadas como ONG que ellos o unos de sus testaferros conducen, hubieren con certeza de haber sido aceptadas por los regímenes criminales conducidos a juicios internacionales; entre el 20 de noviembre y el 1 de octubre de 1946 se celebró en el Palacio de Justicia de la ciudad de Núremberg el famoso proceso contra los principales culpables de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.

Allí, como se pretende ahora, los propiciadores políticos de cualquier barbarie no son los ideólogos, no son los comisarios políticos de la combinación de las formas de lucha, ni quienes ejecutan las acciones criminales que propician.

Mientras para la idiotez de nuestros juristas de manera intencional para desprestigiar y deslegitimar al entonces gobierno de Colombia, ”la Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo, con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria […]. El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política”11 de 2007. Magistrados Ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca. (Aprobada Acta N° 117); oponerse a las narcoguerrillas era un acto de delincuencia común o de empresa criminal, o de concierto para delinquir; las acciones narcoterroristas son apenas caricias contra la sociedad y sus instituciones”.

En efecto, mientras el poder judicial consideró cualquier acto de enfrentamiento a los delincuentes, materiales o ideológicos, como lo siguen considerando los jueces y magistrados hoy, que cualquier acción contra las narcoguerrillas es una ‘empresa criminal’ destinada a ‘eliminar un pensamiento político’, toda acción de combate desarrollada por el Ejército conforme a los normas de guerra, es considerada en Colombia por los civiles administrados por gentes que no se acercaron a las filas militares, como violadores de los DD.HH. y el D.I.H.

Si contra un grupo de terroristas que hace uso de armas prohibidas por ese mismo D.I.H. y su centro u objetivo militar es la población civil, ninguna de estas ONG condena el hecho; pero si en una acción militar cae o es herido un civil, aunque él no fuere el objetivo, en seguida se encienden todas las alertas tempranas construidas civilmente para mostrar que el militar solo sabe disparar y matar.

La narcoguerrilla, FARC, ELN o BACRIM, que las más llevan más de 50 años en el ejercicio, hace tiempo que no tienen lo que el Ejército no consideró; la voluntad del pueblo se gana mintiéndole a ese pueblo, vale una matanza y conseguir un periodista que sin confirmar la noticia se atribuye al oponente, el pago por ello ha dado a lugar el ejercicio de una justicia mediática construida a través de una prensa que amplifica y magnifica los hechos del narcoterrorismo, mientras pone en duda las acciones institucionales.

Habría que dimensionar la puerta gigante que dudosos Magistrados como Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca abrieron al establecer como jurisprudencia, esa sí aplicable a todo el poder judicial, que es delito político el conducir organizaciones armadas ilegales o hacer parte de ellas, pero no lo es cuando el Estado o la sociedad lo hacen para oponerse a las mismas. Esa es una duda que el poder judicial se ha negado pronunciarse aduciendo la vigencia del ‘siglo de los jueces’, siglo diseñado para saber lo que hoy todos saben en torno al ‘carrusel de las pensiones’ y el ‘clientelismo judicial’

Frente a esa verdad que opera en el sistema judicial colombiano y mientras se le permita a éste, como poder independiente, amenazar no sólo a los demás poderes públicos, como lo hicieron el gobierno pasado y en el actual, debe entenderse la urgencia, la necesidad, la paciencia y el control absoluto que el PC3 diseñado por Alfonso Cano, atendiendo las orientaciones de lo iniciado por Jaime Pardo Leal, que son las que sin ninguna duda orientan el papel del sindicato judicial, ASONAL, armado ideológico incondicional al lado de la izquierda colombiana, le han causado daño a la institucionalidad.

ASONAL y sus elementos perversos se han convertido en los controvertidores de la Justicia Penal Militar desde la época de Pardo Leal, hasta el punto de lograr que los gobiernos democráticos, conservadores o liberales, a dejar de lado la Justicia Penal Militar, gran objetivo de los hasta entonces alzados en armas, para entregar a los militares al gremio que ellos no manejan y en el que no tienen ninguna o nula participación.

Para los aún gobiernos democráticos que nos asisten, no puede ser motivo de ignorancia en sus decisiones el saber que las organizaciones armadas ilegales nombran como frentes de guerra a quienes la democracia reconoce como víctimas del conflicto: Manuel Cepeda Vargas y sus coetáneos de la promulgación de las formas de lucha, mientras que la memoria de cientos de soldados y policías muertos por la acción de esa combinación de las formas de lucha, se pierden en el pasado del simple decir que cumplieron con su deber, hasta el punto de prohibirle judicialmente al Ejército colombiano reconocer a uno de sus mejores oficiales.

Jueces y magistrados que no han mostrado ni pizca de honor al considerar ‘luchadores altruistas’ a quienes masacraron a ese poder en los hechos del 5 y 6 de noviembre de 1985 y los aceptan como compañeros de cobogorbenanza (gobernanza idiota), como pares, iguales a quienes entonces, en la recuperación del Palacio no podría darles tiempo de entender o caber ordenes de una mediatez en la cúpula de mando que  aplicaron los Oficiales, Suboficiales, Tropas y demás que condujeron a su sabio entender la recuperación del Palacio de Justicia tomado criminalmente por el M-19.  Resultan ahora que los condenados como criminales a los miembros del Ejército porque no hay otros involucrados en el crimen, el M-19 y sus auspiciadores, fueron indultados y amnistiados. De malas el Ejército por creer en Colombia, no los políticos, porque ellos viven de eso. Belisario conservador, Belisario político va también a buscar la benevolencia del presidente defenestrado (que nunca fue, aunque se merecía), no mostrará jamás las gónadas que no tiene, las que abandonó al renunciar a ser Conservador y convertirse en monstruo pastranista.

Las sentencias ante los procesos contra los miliatres están firmadas antes de considerar sus juicios, ya la jurisprudencia los considera ‘empresa criminal’ para condenarlos; ya desde los juicios de Núremberg los jueces consideraron que como aceptable, lo que la defensa pretendían negar la competencia del Tribunal y poner de manifiesto la dificultad de aplicar unas leyes con carácter retroactivo. Las acusaciones describían delitos que no lo eran en el momento de haberse cometido, porque no existían las leyes internacionales que habían sido creadas con posteridad, algo que hoy no es lejano a lo que en Colombia se aplica por combatir a las organizaciones armadas ilegales.

Fuente: Restauracion Nacional (Colombia)