Las expectativas de desarrollo de un país son directamente proporcionales a la seguridad interna que el gobierno garantice. Simplemente significa que esta garantía de tranquilidad es fundamental para que el sector empresarial logre consolidar sus proyectos de inversión y consiguientemente contribuya a fortalecer la economía productiva. Pero si se habla de bienestar social de sus pobladores, pues no puede ser diferente el argumento para establecer la medición de su eficacia. Si no hay seguridad, no hay inversión privada que se canalice hacia la creación de nuevas empresas, y por lo tanto no habrá generación de nuevos empleos ni seguridad social, y obviamente no puede haber bienestar social.

En el periodo de gobierno 2002-2010 se avanzó en forma muy importante en materia de seguridad nacional, el terrorismo fue desterrado de las zonas donde había hecho presencia histórica, y a partir de este logro en seguridad se estabilizó la economía con buenos márgenes de crecimiento (llegó a crecer hasta el 7%, algo nunca visto en Colombia) a través de la confianza inversionista que se creó y por la cual la inversión nacional creció del 13.1% al 25.8%, también llegó cuantiosa inversión extranjera al país, pues en este mismo periodo la inversión extranjera pasó del 1% del PIB al 4.5% del PIB, además se logró obtener la inflación más baja que se haya registrado históricamente en Colombia, el 2% en 2009. Año y medio después de iniciado el nuevo gobierno, las circunstancias de seguridad han cambiado en forma muy desfavorable.

¿Qué ha pasado después de agosto de 2010 con la seguridad nacional?

Si se le preguntara a un analista serio y sensato en estos temas, lo primero que diría es que cuando las cosas se han planeado eficazmente y han producido resultados exitosos, no hay razón válida para cambiar esa estructura de funcionamiento. El actual gobierno decidió actuar desde su inicio con un modelo insustancial que consiste en tener contento a todo el mundo, es decir, un modelo donde la autoridad no es un factor relevante. En este débil escenario de gobierno, también hubo actuación de “tregua y apaciguamiento” con el terrorismo, lo cual consistió en dejar de lado la Seguridad Democrática impuesta por el gobierno anterior, y que fue la esencia del progreso en tranquilidad para el país.

Entonces aparece clara la razón por la cual Colombia está nuevamente sitiada por el terrorismo, el asalto a poblaciones, asesinato de civiles, atentados contra empresas petroleras, el secuestro, la extorsión, etc. No se requiere mucha reflexión para descubrir que cuando se baja la guardia, y sobre todo en asunto de seguridad, el enemigo de inmediato ataca y responde con la agresividad propia de los terroristas. Sin embargo, el gobierno no lo entendió así, y ahí está el pueblo colombiano pagando las funestas consecuencias.

Todo este panorama de asedio criminal a la población tiene un ingrediente adicional a la política oficial de apaciguamiento, y tiene que ver con la guerra jurídica emprendida contra el ejército de la república, a través de la cual ha sido perseguido por la justicia ordinaria; en la mayoría de los casos acusado por los mismos bandidos a quienes el ejército ha atacado en cumplimiento de la orden constitucional de defender la patria. No se entiende cómo los jueces dan credibilidad a las acusaciones malintencionadas, revanchistas, expresadas por criminales en contra del la fuerza pública, y en base a esa clase de testimonios que persiguen arrinconar a los militares, proceden a dictar orden de encarcelamiento contra ellos. Esto lo que contribuye es a bajarle la moral de combate a las fuerzas del orden, lo cual es muy grave, y por consiguiente a abrirle paso a las intenciones perversas de los criminales. La realidad de la justicia con los militares (como con cualquier ciudadano) tiene que ser: No a la impunidad, pero tampoco condenas a inocentes.

Ante la arremetida terrorista, ahora el gobierno habla de diálogo y negociación, lo cual bien podría calificarse de debilidad manifiesta ante la falta de autoridad, y lo que terminaría negociándose sería la rendición del Estado de Derecho y entregándolo como concesión a los bandidos.

AL MARGEN: A propósito de militares y la justicia, no se sabe cuál será su suerte ante quien puede ser elegido nuevo fiscal general de la nación (Eduardo Montealegre), pues como magistrado de la Corte Constitucional, fue ponente de una sentencia en la cual dijo respecto a los militares: “Es una fuerza invasiva inadecuada”…

Fuente: Atrabilioso (Colombia)