Cuando la Corte Suprema de Justicia desconoció el valor probatorio de los computadores de ‘Raúl Reyes’, demostrando de paso que no tenía el menor interés de castigar la Farcpolítica, creímos que ya todo estaba visto y que no podía suceder nada más grave que evidenciara la degradación de nuestra justicia. Pero pasó. El fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que confirma la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, es la pieza procesal más indignante de cuantas hemos conocido en los últimos tiempos, la que más zahiere a la sociedad y la que constituye la mejor prueba de la infiltración de la extrema izquierda en la justicia colombiana.

Con esta ‘providencia’ de segunda instancia no solo se ratificó la condena contra el militar, a pesar de la ausencia de pruebas y las aberrantes anomalías que plagaron el proceso, sino que sus autores llegaron al extremo de arrogarse competencias de las que carecen para irse en contra hasta del gabinete ministerial de la época y dejar en limpio tan solo al único responsable del magnicidio, que fue el M-19. De tal manera que el fallo tiene un marcado tinte ideológico: la izquierda antidemocrática se cobra la derrota de 1985 por medio de una venganza judicial.

En efecto, el atrevimiento del TSB es notorio puesto que los magistrados desconocieron hasta la doctrina de la Corte Penal Internacional al pedirle que investigue y juzgue al ex presidente Belisario Betancur por los infaustos sucesos. Los dos magistrados que cometieron este desafuero olvidaron que ese tribunal internacional no tiene competencia en hechos anteriores a su creación y que carece, expresamente, de retroactividad, solo pudiendo conocer casos a partir del 1º de noviembre de 2002.

Pero también se pasaron por la faja el hecho de que la CPI solo puede tomar casos que no hayan sido investigados y juzgados por la justicia de cada país donde va a intervenir, y el presidente Betancur ha sido investigado por los hechos del Palacio desde antes de que se enfriaran las cenizas: cuando menos en siete ocasiones ha sido llamado a rendir declaratoria y aún hoy hay procesos abiertos en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El que no haya sido inculpado no implica impunidad, a pesar de que los jueces del TSB así lo insinúen al pedirle a la CPI que “… impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al ex presidente de la República en el ámbito interno”.

Por supuesto que a estos señores no les interesa ser coherentes y reprochar la impunidad en la que quedaron los delitos del M-19 —no solo los de la toma del Palacio de Justicia— a raíz de la amnistía que se les concedió por su reinserción a la vida civil. Eso demuestra la falta de neutralidad del fallo y la posición política de los magistrados, a quienes solo parece interesarles deshonrar al Estado y reivindicar a la subversión.

Pero eso no es todo. El alto tribunal de Bogotá se tomó la atribución de infringirle una humillación al Ejército al obligarlo a un acto de perdón en la Plaza de Bolívar como si las fuerzas constitucionales hubiesen sido las perpetradoras y no las auxiliadoras de ese fallido doble golpe de Estado ¬—financiado por el narcotráfico—, que, por un lado, quiso someter al máximo poder judicial y, por otro, pretendió enjuiciar al Presidente de la República, ese que con ingenuidad le apostó siempre a la paz y terminó asaltado en su buena fe por estos bandidos.

¿Pedir perdón? ¡No faltaba más! Dice Petro que el M-19, el Ejército y el Estado deberían pedir perdón conjuntamente, pero eso no es factible mientras los terroristas estén indultados y gobernando en tanto que el soldado Plazas Vega sigue injustamente condenado y se le quiere abandonar a su suerte en una cárcel común, plagada de enemigos. En esto tiene toda la razón el Presidente Santos: ¡es a Belisario y a nuestro Ejército a quienes deberíamos pedir perdón!

Fuente: El Mundo (Colombia)