“Un golpe contra la democracia” con “un efecto sobre la historia similar” al del 19 de abril de 1970 que fue la excusa para crear el M-19. Así describió Gustavo Petro las consecuencias de su posible destitución por parte del Procurador. Ya antes, frente a la posibilidad de la revocatoria popular de su mandato, el Alcalde de Bogotá había sostenido que “no estamos dispuestos a que ocurra de nuevo un 19 de abril”. Ahora también Petro sostiene que su permanencia como alcalde “es la garantía de que el orden público no se altere”.

En esa misma dirección, el comandante Gonzalo, exmiembro de la dirección del Eln y hoy columnista León Valencia, sostuvo que “la inconformidad en el sur de la ciudad [donde viven los más pobres] ante una acción del Procurador no se dejará esperar”. Y agregó que “el golpe de la destitución se oiría inmediatamente en La Habana [y que] es difícil entender que ahora, cuando se discute el punto de las garantías políticas para que las guerrillas se vengan a la vida civil, retiren de su cargo al hijo de un proceso de paz”.

Los dos guerrilleros reinsertados nos advierten que la revocatoria del mandato de Petro o su destitución como alcalde por la Procuraduría traerían tres consecuencias indeseables: una, que habrá manifestaciones violentas en el sur de Bogotá; dos, que se crearán nuevos movimientos guerrilleros, como el del M-19 del mismo Petro; y tres, que las Farc entenderían que no hay garantías para su reinserción a la vida civil.

Los anuncios de los exguerrilleros constituyen un chantaje y una amenaza inaceptables. Al Registrador para que no convoque al referendo revocatorio y al Procurador para que no ejerza su facultad disciplinaria contra el Alcalde, plenamente avalada hace apenas pocos días por la Corte Constitucional. Pero también a los ciudadanos de a pie, a los que nos anuncian no solo motines y asonadas sino el surgimiento de nuevos movimientos guerrilleros. Para este par, si se sanciona disciplinariamente a Petro, correrá sangre.

Yo no creo que el “sur” bogotano se levante espontáneamente si Petro es destituido o su mandato revocado. El Alcalde solo cuenta con una favorabilidad del 29%, a pesar de su populismo y de su creación de apoyos clientelistas aumentando la nómina burocrática de la ciudad. Y la gente está harta de los violentos.

Pero viniendo de quien vienen las advertencias, no deberían desecharse sin más. Los dos tienen larga experiencia en tramas clandestinas, conspiraciones, armas y violencia. Hablan de lo que les consta porque ellos mismos fueron autores y cómplices.

Ahora, si hubiese alboroto en el sur, iría por cuenta de las Farc, que aprovecharán la oportunidad como han hecho con las marchas campesinas e indígenas. Y si se creara una nueva guerrilla, habría que buscar a sus promotores en el entorno del mismo Petro, muchos también exguerrilleros.

En La Habana, sin embargo, no ocurrirá nada. Aunque destituyan a Petro las Farc seguirán “atornilladas” al diálogo y mantendrán sus exigencias de no pagar cárcel por sus delitos, acceder directamente al Congreso, rechazar el plebiscito como mecanismo de refrendación popular de los acuerdos y buscar una constituyente de carácter corporativista.

Como sea, la extorsión de Petro y Valencia es inaceptable desde cualquier punto de vista. La sociedad ha sido generosa en exceso con ellos, que ni pagaron por sus delitos, ni repararon a sus víctimas, ni contaron la verdad sobre sus crímenes. Y que han sido recibidos de brazos abiertos por una sociedad hastiada de la violencia.

No sobra recordarles a los dos exdelincuentes impunes que su reinserción solo es aceptable si su conducta se ajusta plenamente al estado de derecho, que el hecho de ser exguerrilleros no los pone por encima de la ley y que deben acatar las decisiones que se tomen por las autoridades disciplinarias y jurisdiccionales. Y que si a alguien no le queda bien amenazar con la violencia es precisamente a ellos, verdugos como fueron de tantos colombianos.

Fuente: CPPC (Colombia)