La situación en Bogotá es suficientemente preocupante como para que la ciudadanía haga uso legítimo de la herramienta constitucional de la revocatoria del mandato.

Una de las grandes conquistas democráticas de Colombia ha sido la elección popular de alcaldes vigente desde 1988 y refrendada por la Constitución de 1991. A la vez que confirmó esos nuevos espacios que tanto enriquecen la democracia colombiana, la Constitución le dio a la ciudadanía la herramienta de la revocatoria del mandato para ejercer un control político directo sobre sus gobernantes locales. Vista de esa manera, la revocatoria es una expresión más de los principios de una democracia participativa.

Es importante entender que la legitimidad de un proyecto de revocatoria no depende, por ejemplo, de alegatos de corrupción. Se trata más bien de un mecanismo de responsabilidad política para que la gente juzgue si un mandatario ha cumplido con su programa de campaña o si su gestión ha sido o no para beneficio de la ciudadanía.

Evaluemos, entonces, la situación de Bogotá. La capital tiene un ingreso per cápita que duplica el promedio nacional, representa cerca del 30 por ciento del PIB del país y es donde se genera la mayor riqueza nacional. En consecuencia, lo que ocurre en Bogotá produce efectos en el resto del país. Así fue durante la alcaldía de Mockus, cuyo esquema de pedagogía ciudadana se propagó por muchas ciudades de Colombia, o con el modelo de TransMilenio de Peñalosa, que otros centros urbanos adaptaron para superar sus problemas de movilidad y de ordenamiento urbano.

Pero durante esta alcaldía el protagonismo de Bogotá ha surgido no de sus aciertos e innovaciones, sino de los retrocesos e improvisaciones de la administración distrital. Así lo demuestra la crisis de las basuras ocurrida en diciembre (que no se ha superado plenamente). Que la ciudad tenga que padecer una desordenada recolección de basuras en volquetas o recurrir a la compra de carros compactadores usados es una señal de improvisación y desgobierno que resulta inadmisible. Muchos lo temíamos desde antes, pero este episodio sirvió para corroborar el talante de una administración que actúa impulsivamente, más agitando que gerenciando.

El alcalde Petro está en todo su derecho de gobernar con el modelo político y económico de su preferencia. Para eso ganó las elecciones. Pero no por esa razón puede someter a la ciudad entera a la incertidumbre e incapacidad de una administración que no tiene rumbo aparente, ni planea adecuadamente sus medidas antes de ejecutarlas. Solo pensar que esta ciudad, con tantos y tan apremiantes problemas, se va a enfrascar en el debate de las basuras es retroceder 20 años.

La situación en Bogotá es suficientemente preocupante como para que la ciudadanía haga uso legítimo de la herramienta constitucional de la revocatoria del mandato. Por tratarse de una manifestación democrática del sentir de los habitantes de Bogotá, la revocatoria no debe evaluarse a la luz de cálculos electorales; de hecho, aun si no prospera en las urnas, sería una lección muy importante para el Alcalde, si la sabe interpretar.

La Administración tendría que notificarse formalmente de la innegable inconformidad ciudadana. Además, se sentaría un saludable precedente: que en Bogotá para ser alcalde no basta saber ganar elecciones, sino que se requiere también (y en mayor medida) competencia para gobernar en beneficio de toda la ciudad.

Creo que el retroceso de Bogotá es razón suficiente para que los ciudadanos nos manifestemos a través de un mecanismo absolutamente válido y previsto en la Constitución. Es bueno para el país que se haga uso de esas herramientas democráticas para que no sea únicamente en época electoral que se oiga la voz de la ciudadanía.

Por estas y otras razones, bien vale la pena apoyar el proyecto de revocatoria en Bogotá.

Fuente: El Tiempo (Colombia)