La semana pasada el Juez 66 con funciones de Control de Garantías, a solicitud del director Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, quien imputó cargos y pidió su detención, profirió orden de captura contra el ex alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo.

¿Quién es Luis Carlos Restrepo? Es un escritor, político y psiquiatra colombiano, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Psiquiatría y Magíster en filosofía de la Javeriana. Fue Alto Comisionado para la Paz de Álvaro Uribe, y en esa función negoció y suscribió el acuerdo de paz entre el Estado y la federación de paramilitares conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para la negociación de un proceso de desarme, y logró desmovilizar la más poderosa y mortífera maquinaria de guerra de nuestra historia, sin que se derramara una gota de sangre.

Pero, ¿qué argumentos tiene la Justicia para ordenar su captura? El fiscal del caso dijo que está comprobada su intención de no acatar los llamados de la Justicia colombiana por el famoso escándalo de la falsa desmovilización del frente Cacica Gaitana de las Farc, y le imputa la comisión de cuatro delitos: peculado, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico y fabricación de armas.
¿Peculado? Este delito se configura cuando un servidor público o un particular que maneja recursos públicos se apropia de esos recursos para aumentar su patrimonio o el de terceros. ¿Qué plata se robó Restrepo?, ¿en cuánto incrementó su patrimonio personal?, ¿a qué terceros ayudó a enriquecer?, ¿sería a los timadores que se desmovilizaron? ¿Qué necesidad tenía Restrepo de hacer una desmovilización falsa cuando presidía actos de desmovilización verdaderos con gran frecuencia?, ¿para qué fingir una si tenía decenas de desarmes reales para mostrar?

¿Concierto para delinquir? este delito se configura cuando dos o más personas se “asocian” para cometer ilícitos. La noción de “empresa criminal” es una derivación de la aplicación conceptual de ese delito. ¿Sabía Restrepo que Olivo Saldaña había negociado con el narco, alias El Indio para hacerlo pasar como paramilitar y no como narco? ¿Por qué no denunció el mismo, si los medios de comunicación prendieron las alarmas hace muchos años? Los que conocen al ex Comisionado dicen que su personalidad e integridad jamás le permitirían acordar tales compromisos, con unos delincuentes; mucho menos crear una empresa criminal sin objeto lógico.

¿Fraude procesal? Este tipo penal se configura cuando una persona utiliza cualquier clase de artimaña, engaño, o en general cualquier medio para inducir a error a un servidor público (juez, fiscal, autoridad administrativa, o cualquier servidor público) para que a consecuencia de ese error inducido, ese servidor público tome una decisión contraria a la ley. Si fue todo un montaje, denunciado, ¿por qué se toman decisiones tantos años después? ¿Se dejó meter gato por liebre?, ¿obró Restrepo de buena fe?, ¿fue asaltado en su ingenuidad?

¿Trafico y fabricación de armas? Proteger a nuestras fuerzas militares implica que se castigue a quien se haga pasar como parte de ellas. Por ello las normas restringen el uso, venta, distribución, compra, fabricación y transporte de prendas, armas e instrumentos militares solo a quienes están expresamente autorizados. ¿Cómo y para qué, un comisionado de Paz se prestaría para eso? Tal vez porque no ‘se prestó’. Es difícil creer que coroneles y generales hayan acatado órdenes de un funcionario civil sin jerarquía sobre ellos, y hayan movido material bélico sin saber para qué o a quiénes estaba destinado.

La lógica me dice que un comisionado de Paz habla, se reúne y negocia con personas al margen de la Ley. En este caso, un proceso de paz con paramilitares. ¿O acaso su trabajo era negociar con angelitos? Pero de negociar los términos de un armisticio y desmovilización a concertarse criminalmente hay un largo trecho.
¿Qué hace una persona si sabe que es inocente y ve que lo van a meter a la cárcel?, ¿debe enfrentar la justicia desde una reclusión injusta? Cuando un investigado es encarcelado, su presunción de inocencia sufre una pérdida cuantiosa de credibilidad ante la sociedad, ante el aparato judicial y ante su propia autoestima, pues todo el proceso queda estigmatizado. ¿Hay garantías en Colombia? Tal vez no.

Son muchos interrogantes… ¿Cual es la verdad de la desmovilización del Bloque Cacique La Gaitana? ¿Qué credibilidad tiene un Olivo Saldaña que cambia su versión?, ¿se les cree a estos personajes cuando testifican en contra de Restrepo, pero no cuando lo hace a su favor? ¿La trayectoria del uno y del otro debería hacer la diferencia para un juez justo?

¿Show jurídico-mediático? ¿Existen garantías para los uribistas? Definitivamente, sigo sin entender la Justicia de este país. Pero son las reglas en un país democrático y, gústenos o no, esa es la Justicia que tendrá que resolver este caso. También los de Bernardo Moreno, Andrés Felipe Arias y otros investigados con el común denominador de ser llamados “alfiles uribistas”. ¿Cuántos inocentes habrán sido condenados?

Por si acaso: ¿es verdad que a la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, le queda casi un año en su cargo?, ¿desde cuándo empieza su periodo?, ¿desde cuándo finalizó el de Mario Iguarán?, ¿o desde la posesión de Morales? La última palabra la tiene el Consejo de Estado.

Por si acaso: ¿Existe un acuerdo entre la Fiscalía y Giorgo Sale?, ¿por qué no lo capturaron cuando llegó a Colombia si tenía orden de captura? ¡Huele raro!

Fuente: El Heraldo (Colombia)