El fallo sobre San Andrés y Providencia, las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, la frustración frente al descalabro de la reforma de la justicia, reflejo de la pérdida de ánimo.

En la vida de los países hay años buenos, malos y regulares. Pero no es usual encontrar años con eventos de magnitud tan severa que se produzca un punto de quiebre en la confianza ciudadana. Este año ha sido precisamente así y debe conducirnos a una profunda reflexión para entender las señales que hoy se reflejan en el decaído estado de ánimo nacional, del cual las recientes encuestas son imperfecto pero incontrovertible reflejo.

El fallo sobre San Andrés y Providencia es un desastre nacional que le duele a la gran mayoría de colombianos. Más allá de las vicisitudes jurídicas, la pérdida de territorio soberano después de décadas de permanente posesión pacífica revive con razón el dolor patrio de una generación que veía los hechos del canal de Panamá o el Trapecio Amazónico como cosas de otra época. A los colombianos no nos cabe en la cabeza que en pleno siglo XXI un presidente de la República reciba un mapa de Colombia y entregue otro diferente. El juicio histórico sería implacable.

A esto se suma la frustración ciudadana frente al descalabro de la reforma de la justicia. Todavía recordamos con vergüenza ese episodio que unos creían (y otros querían) que los colombianos olvidáramos. El colombiano común perdió la ilusión de una reforma capaz de empezar a construir una justicia pronta y eficaz, y percibe que la actual administración de justicia no otorga garantías para resolver los conflictos ágil y justamente. Nuestra institucionalidad judicial no ha sido capaz de frenar la expansión de los delitos económicos y tantas otras actividades criminales que pueden comprometer la estabilidad misma del país.

Las negociaciones entre el Gobierno y las Farc también empiezan a perder rápidamente credibilidad y soporte ciudadano. La sabiduría popular ha abandonado el espíritu mesiánico de las negociaciones de paz ante la tozudez de los hechos, viendo que el discurso de las Farc es el mismo del Caguán: mentiroso, manipulador e indignante. ¿Por qué alimentar una negociación que legitima a las Farc y coquetea con la impunidad en vez de persistir en una exitosa política de seguridad? Por fortuna, las negociaciones se enfrentan al muro de contención de la opinión ciudadana, que insiste en que la paz no se puede negociar a cualquier precio.

Este panorama nacional tiene un componente adicional que preocupa especialmente a los bogotanos, entre quienes crece el temor de que la política en la ciudad se convierta en un escenario de lucha de clases. La manera intempestiva y amenazante como el alcalde Petro toma y justifica sus decisiones es motivo de preocupación. Un gobernante tan impredecible y desafiante en medio de la improvisación afecta la convivencia democrática.

Y para rematar, vivimos en la paradoja de la riqueza: mientras los ingresos del Gobierno crecen de manera extraordinaria, se hace cada vez más visible su incapacidad de ejecución. A pesar de sus dificultades de ejecución, el Gobierno insiste en un proceso de centralización que ha dejado a muchas regiones sin plata mientras el dinero se queda en los bancos: tamaña contradicción genera legítima molestia en las regiones. El manejo de las regalías que creó tantas ilusiones hoy es una frustración. Incluso, ha llegado a imponerse el poder de veto del Gobierno Nacional sobre los proyectos regionales, en abierta contradicción con el espíritu de la descentralización.

Las encuestas lo dicen con claridad: los niveles actuales de pesimismo no se veían en Colombia desde agosto del 2002. Sabemos todos que el Gobierno Nacional no desatiende encuestas, pero ahora la pregunta es si tendrá el carácter, la firmeza de convicciones y la capacidad de diálogo ciudadano para dar un viraje y mejor encauzar los intereses nacionales.

Fuente: El Tiempo (Colombia)