Para colmo, en un ataque de las FARC al departamento del Caquetá culminó con el secuestro de un periodista francés que cubría la lucha contra el narcotráfico, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Francia.

El gobierno de Colombia informó de que el periodista Roméo Langlois había sido dado por “desaparecido” y se abstuvo de confirmar si estaba secuestrado por las FARC.

El ataque, que dejó tres militares y un policía muertos, se produjo en una zona selvática del departamento del Caquetá, cerca del municipio de Montañita.

Ante todos estos hechos, que conmueven a una opinión pública que ya no estaba acostumbrada a estos desafíos tras un largo periodo de relativa seguridad en sus calles y carreteras, se le han venido a unir numerosos escándalos de corrupción en casi todas las instituciones.

La Cumbre de Cartagena tan solo ha servido para demostrar que el presidente Santos es el número uno en marketing y que, junto con su mujer, es uno los grandes maestros en lo que siempre han hecho a la perfección: organizar eventos sociales.

La situación económica

Tampoco lo económico pinta mejor para el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El mismo Ejecutivo reconoce que el desempleo está casi en el 10 por ciento, una cifra muy alta para un país que tiene un subempleo cercano al 40 por ciento, según fuentes oficiales –el mismísimo Estado colombiano lo asegura–, y donde el salario mínimo apenas supera los 280 dólares frente a los 435 de Argentina y los 429 de Costa Rica. Una cantidad ridícula para hacer la compra mensual en un nación donde la inflación llegó casi al 4 por ciento (¿?) el año pasado y donde los precios se asemejan a los de muchos países europeos. La supuesta confianza inversionista, que se traduce en la llegada de numerosos capitales del exterior para invertir en el país, no ha redundando en estos años en una disminución de la pobreza y un mejor reparto de los beneficios, según indica el coeficiente Gini, que mide la desigualdad social y que señala que Colombia es una de las naciones más desiguales del mundo.

Buena muestra de este estado cosas es que la pobreza, de acuerdo a los datos que ofrecen las Naciones Unidas y la Cepal en sus informes, sigue intacta y se sitúa en alrededor –si no superior– del 50 por ciento de la población y de este porcentaje, un 35 por ciento vive en la indigencia. Las carencias en salud, educación y pensiones siguen intactas y no se han activado grandes proyectos para paliar la generalizada desprotección social que padece crónicamente Colombia. En el país, como señalaba el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, “no cabe un pobre más”.

Incluso en la lucha contra la pobreza, Colombia no ha hecho un esfuerzo real, como el resto del continente, para poner coto a esta lacra lacerante; según la Cepal, un 30% de los habitantes del continente sigue siendo pobre, pero la situación es muy diferente al año 1990 cuando uno de cada dos habitantes lo era. Es decir, ha habido un cambio social fundamental en la región al cual ha sido ajeno Colombia, que sigue con resultados muy paupérrimos a este respecto y muy rezagada en relación a América Latina.

Y es como señala la experta social Diana Marcela Rojas, “dentro de todas las temáticas que afectan al continente, el problema de la desigualdad es un asunto crucial. El hecho de que América Latina sea la región de mayor desigualdad en el mundo muestra cómo el crecimiento económico per se no es garantía de prosperidad y bienestar para el conjunto de la población”, tal como ocurre en Colombia en estos momentos en que crece en términos macroeconómicos.

Pero, sobre todo, lo que se echa en falta es el diseño y desarrollo de auténticas políticas sociales, pero para ello tiene que haber voluntad desde las elites, algo que ni siquiera se plantea al día de hoy. La voluntad de cambio es nula.

El presidente Santos exhibe una retórica triunfalista y optimista, jaleada por los medios afines al ‘régimen’ santista, pero el resultado no es más que el de un decorado de cartón piedra que no resiste el análisis objetivo y riguroso de los medios críticos (y escasos) al Gobierno. Ni siquiera se ha puesto en marcha un verdadero plan de infraestructuras que merezca tal nombre y las mismas tienen el dudoso honor de ser quizá, junto con las bolivianas y venezolanas, de las peores del continente.

Como único elemento positivo de la gestión del presidente Santos está la normalización de las relaciones diplomáticas con sus vecinos, pero especialmente con Ecuador y Venezuela, rotas durante el mandato de Álvaro Uribe tras un ataque militar a un campamento del grupo terrorista FARC en territorio ecuatoriano. Pero Ecuador sigue empeñado en dar a la mejilla: ni siquiera asistió a la Cumbre de Cartagena y su diplomacia sigue ajena a los cambios acaecidos en Bogotá.

Sin embargo, pese a esta mejora que tenía como objetivo recuperar la deuda que Venezuela tenía con los empresarios colombianos y la reactivación del comercio entre ambos países, el reciente nombramiento de Henry Rangel Silva como ministro de Defensa por parte de Hugo Chávez vuelve a mostrar que el régimen chavista sigue empeñado en seguir con sus afrentas a la diplomacia colombiana, toda vez que el nuevo miembro del Ejecutivo venezolano ha sido señalado por el periódico The New York Times como un hombre clave en las relaciones de Caracas con las FARC y vinculado al tráfico de armas. El medio señala como fuente a los servicios secretos norteamericanos, la CIA, y revela meridianamente que la política de apaciguamiento, cuando no de claudicación en los principios democráticos frente a Chávez, de la actual canciller colombiana, María Ángela Holguín, no está dando los resultados esperados e incluso se pueden esperar futuras “turbulencias”.

La seguridad pública, preocupación creciente

Pero lo que más preocupa a los colombianos, de acuerdo a recientes estudios y encuestas, es el asunto de la seguridad, que fue la principal bandera del expresidente Uribe (2002-2010) durante su mandato y que el presidente Santos reivindicó durante su campaña. Según el periódico El Espectador, muy cercano al presidente Santos y poco crítico con respecto a su gestión, el 75 por ciento de los colombianos considera que la seguridad pública empeoró durante el actual periodo presidencial. El asunto no admite ya ni maquillajes ni declaraciones pomposas tan al gusto de los ministros de Santos.

También el asesinato por parte de las FARC de cuatro militares secuestrados durante años por esta organización armada ha vuelto a poner en guardia a un país golpeado y abatido por una violencia terrorista que dura ya cuatro décadas largas. Las FARC han vuelto a golpear, muestran una óptima capacidad logística y operativa y nada induce a pensar que su supuesta búsqueda de un “diálogo”, que también explora el presidente Santos, vaya a dar resultados en el corto plazo.

Más bien lo contrario: nunca el escenario regional les fue más propicio y nunca habían tenido en la escena continental tantas simpatías, especialmente las provenientes de los países ‘bolivarianos’ aliados de Caracas. No olvidemos que el régimen venezolano, al día de hoy, todavía no ha condenado los últimos crímenes perpetrados por las FARC y que el parlamento de este país guardó, en su día, un minuto de silencio después de la muerte de Raúl Reyes, máximo líder de la organización terrorista abatido por las fuerzas de seguridad colombianas. Además, las FARC quieren unas negociaciones para obtener réditos políticos y no para iniciar un proceso de desmovilización y desarme, que deberían ser los verdaderos objetivos del gobierno en esta nueva fase de apaciguamiento frente al terrorismo.

La liberación de los rehenes. ¿Y ahora qué?

La liberación de los últimos diez rehenes militares en manos de las FARC abre más interrogantes que certezas. Para muchos, la organización terrorista trata de abrir un diálogo político con el ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos al precio que sea, ya que considera que el momento les es propicio —desde luego mucho más que bajo el mandato de su antecesor, Álvaro Uribe— y que sus demandas serán al menos escuchadas. Los rumores de una negociación en ciernes, quizá bajo la mediación de la controvertida exsenadora Piedad Córdoba, ya son un secreto a voces quizá inocultable.

Pero, para otros, más escépticos, las FARC siguen siendo la misma organización criminal y terrorista de siempre; tan sólo tratan de engañar al gobierno y a la opinión pública con cantos de sirena, mientras que siguen rearmándose aprovechando la debilidad del Ejecutivo y la desmoralización de las Fuerzas Armadas.

¿Quién tiene razón? Ni todo es blanco ni negro en Colombia. También hay tonos grises. Si bien el Gobierno debe mantenerse atento a las acciones armadas de las FARC, que han causado por cierto más de dos centenares de muertos este año en decenas de acciones, tampoco se debe menospreciar el reciente gesto de la liberación de los secuestrados. No olvidemos que en una guerra la paz siempre se negocia con los enemigos y no con los amigos. En cualquier caso, el camino hacia una paz con justicia será largo y no exento de provocaciones.

Secuestrados

Por ahora, lo que sí quedan son otros cuatrocientos secuestrados en la selva, aunque el Gobierno considera que este colectivo, como mucho, ascendería a 79 y otras fuentes oficiales hablan de que con vida queden apenas unos 39. Según la ONG País Libre, en la selva se encontrarían todavía en manos de las FARC unos 405 rehenes, aunque de ellos solamente estarían con vida 149 tras más de diez años en manos de la organización terrorista.

Así las cosas, y ante el curso que lleva la actual Administración, la ruptura entre el expresidente Uribe y Santos era la crónica de un ‘divorcio’ anunciado. La marginación de los antiguos uribistas en la nueva administración, el progresivo acercamiento a Caracas desoyendo los llamados de la oposición democrática venezolana y la articulación de una gran coalición liderada por los liberales, en un afán por afianzar un gran proyecto político desde el centro hacia la izquierda y la derecha, han llevado al presidente Uribe a este distanciamiento con respecto a su antiguo ‘pupilo’ y exministro de Defensa durante su gobierno. Uribe prefiere no hablar de sus “tristezas personales”, pero el desafecto entre ambos mandatarios está servido.

Pero el pasado no se puede borrar, tal como señala el afamado periodista Moisés Naim al referirse al período de Uribe: “Cuando Uribe llegó a la presidencia, en el 2002, las guerrillas y los paramilitares tenían un inmenso poder. Más de 300 alcaldías estaban cerradas y casi 3.000 colombianos secuestrados y transitar por las carreteras era un peligro. Uribe inició una lucha sin tregua contra los grupos armados que tuvo gran éxito. Para el final de su mandato el Estado había recuperado el control y las FARC están hoy arrinconadas.La mejoría de la seguridad impulsó la mejoría económica”. Ahora, desde luego, las cosas son bien distintas.

Plataforma política

Quizá el presidente Santos, después de la victoria de la izquierda en las elecciones locales en Bogotá de la mano del antiguo guerrillero Gustavo Petro, pretenda crear una gran plataforma política para conseguir su reelección en el 2014 y que le sirva como una base amplia para los próximos dos años, mientras que el país se desliza por la pendiente de la dejadez e ineficacia que exhibe una casta política tan alejada de la realidad de su nación  como de su pueblo. La nostalgia por los tiempos pasados, pero sobre todo del mandato de Uribe, que hizo de la seguridad democrática y de la lucha contra el terrorismo sus principales banderas, se hace muy palpable en una buena parte de la sociedad, y no es para menos.

Muchas son las preguntas que se ciernen sobre el futuro político de Colombia: ¿cambiará Santos de rumbo y comenzará a hacer política pegado a la Colombia profunda y real?

Por ahora, la cruda realidad va por otra dirección y las famosas ‘locomotoras’ del cambio aparecen abandonadas y oxidadas; el país espera algo más que retórica y demanda certezas. El nuevo estilo de gobierno de Santos, que supuestamente iba a redundar en el bienestar general, se ha quedado en aguas de borrajas.

Fuente: Cambio16 (España)