Al cierre de esta columna, viernes por la noche, la crisis debida a la infidencia del senador Roy Barreras acerca de un proyecto de ley estatutaria que el Gobierno tenía cocinado en secreto estaba armada. Se vio obligado a destapar sus cartas a destiempo y las Farc se levantaron de la mesa furiosas. Interpretaron que su exigencia de una asamblea constituyente había sido descartada de manera excluyente, a espaldas de la mesa de negociación. Aunque, dicho sea de paso, es pertinente aclarar que ese punto de la constituyente jamás ha formado parte de la agenda oficial y que el Gobierno la rechazó desde el día uno. Entonces, ¿qué las puso tan bravas?

Lo que el Gobierno pretende es levantar la prohibición de que el referendo mediante el cual se validarán o no los acuerdos de La Habana coincida con alguna de las dos fechas electorales del año entrante: o bien con la de Congreso, que es en marzo, o con la de Presidente, que es en mayo.

En eso hay que reconocerle dos méritos al Gobierno. Primero, que le va a respetar al pueblo colombiano su derecho a la última palabra en esto de la paz con las Farc. Y segundo, que le puso acelerador al proceso. Lo que se acuerde en La Habana deberá estar firmado en noviembre para que exista el espacio de hacer los trámites constitucionales que permitan que los colombianos acojamos o rechacemos las propuestas del referendo.

Lo delicado de esta iniciativa es que ya se oye decir por ahí que es un intento de ‘manzanillar’ la paz. El hacer coincidir el referendo con las elecciones convertirá inevitablemente a la paz en la banderilla de unos candidatos contra otros, ya sean los del Congreso o los presidenciales. No habrá un paréntesis que permita reflexionar entre las ventajas de pactar la paz y las de elegir a X o a Y.

Me explico. Las reformas que surjan de los acuerdos con las Farc serán de índole legal, por ejemplo, en el tema de las zonas de reserva campesina. Pero serán también de índole constitucional si lo que se acuerda con las Farc es del calado, verbigracia, de que los condenados por delitos de lesa humanidad puedan ir al Congreso o de garantizarles a las Farc unas curules por derecho propio.

Como las reformas de la Constitución implican una modificación trascendental de las reglas del juego del Estado, la Constituyente del 91 quiso separar la posibilidad de que esos actos reformatorios coincidieran con las fechas electorales. Esa prohibición existe expresamente para una asamblea constituyente en el artículo 376 de la Constitución.

Y por analogía (y eso es lo que el Gobierno pretende cambiar) se aplica a los referendos constitucionales, en virtud de la Ley 134 del 94, para que se respete la libertad sicológica y moral del elector. Que la opción del pueblo de votar sobre el referendo esté libre de la contaminación de la política del día a día. Que cuando el pueblo resuelva cambiar su Constitución haga solo eso: dedicar esa jornada a cambiarla, un acto que tiene vocación de permanencia, y no mezclarlo con elegir a sus gobernantes, que son decisiones de índole temporal y en las que juegan emociones diferentes a las que se requieren para moldear maduramente las reglas de juego de la convivencia democrática.

En últimas, el cocinado del Gobierno tiene dos interpretaciones: una buena y una mala. La buena es aprovechar el caudal natural de un día electoral para involucrar a los votantes en el tema de la paz. Lo irónico es que la mala es la buena para las Farc: la posibilidad de atravesarles la alternativa de la paz como una disyuntiva mortal a los simpatizantes de Álvaro Uribe. Será un todo o nada que se jugará en la misma fecha, si me explico bien.

Una apuesta sofisticada, pero no tanto como para que las Farc no sean capaces de entenderla.

Cuando el río suena… A Petro le fascina disfrazarse. ¿Han notado que todos los días estrena una nueva chompa publicitaria?

Fuente: El Tiempo (Colombia)