La sociedad establece los criterios para priorizar unos derechos sobre otros. En ocasiones esta jerarquía aparece fácilmente; otras es difícil, la complejidad de las situaciones y las tradiciones enredan los desenlaces. No hay respuesta acertada o incorrecta, depende de las realidades concretas del caso y los momentos históricos y sociales; es la esencia del quehacer político, de la cultura.

Hoy, los enemigos políticos de Uribe pretenden darles credibilidad a los grandes delincuentes cuando aquellos atacan al expresidente. Se trata de denuncias imprecisas, difusas, sin fechas, sin evidencias, impulsadas por feroces narcoterroristas y sus asociados. No se detiene el debate a considerar que tales denuncias son previsibles; los paras no quedaron contentos con el resultado de la negociación. Los líderes paramilitares están presos en los Estados Unidos porque consideraron ilimitada la generosidad de la sociedad al ofrecerles un proceso de negociación. No consideran sus faltas como la causa directa de sus circunstancias actuales, sino que lo atribuyen a un engaño del Estado.

Se deja también por fuera del debate la trayectoria del expresidente: Uribe fue firme con el combate contra los paras, fue generoso en su reinserción, y fue implacable cuando fallaron a la confianza que aquel proceso exigía: los envió a las cárceles estadounidenses. No se puede decir lo mismo de muchos de nuestros exgobernantes –hoy asiduos a la crítica– que fueron endebles con las extradiciones, laxos con la persecución del crimen, incluso casi ignoraron la existencia de los grupos al margen de la ley, lo que casi llevó a la disolución de Colombia. Parece a veces como si el surgimiento del paramilitarismo hubiera sucedido de espaldas al país, que no hubiera habido entonces ni presidentes, ni ministros de Defensa.

Era fundamental que la negociación protegiera el derecho de las víctimas al reconocimiento y a la verdad, para lo cual era necesario darles micrófonos a los paras. Pero resulta abusivo que los opositores políticos usen lo instituido para las víctimas como un arma para desacreditar al expresidente. Su buen nombre también es un derecho, que merece respeto y límites.

No sólo se violenta el derecho al buen nombre del expresidente al pasar por alto su trayectoria y sus logros, para darles mayor credibilidad a los hampones, sino que se lesiona la institucionalidad. El debate político tiene su escenario natural en las elecciones y la contienda de ideas. Admite las sugerencias y puede exigir responsabilidades políticas por hechos que no necesitan ser probados; pero cuando aquellos hechos son delitos, el debate se desborda la política y debe ser llevado con toda rigurosidad ante los jueces. Este exige denuncias concretas: circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que la defensa sea posible. Si esas denuncias existen, que se hagan.

Colombia transita peligrosamente a confundir el debate político con el debate jurídico. Es inaceptable que la oposición política pretenda convertir las calumniosas insinuaciones de los hampones en pruebas de delitos para obtener los réditos políticos que no obtienen en las urnas.

Fuente: El Espectador (Colombia)