El Gobierno intenta soluciones políticas de afán, forzando la juridicidad, para remediar el tremendo error de la reforma a la Justicia. Se requieren coherencia política y rigor jurídico, no improvisación.

No sabemos hasta qué punto, en verdad, el Gobierno y el Congreso se sienten sorprendidos -en la doble acepción de la palabra- por la indignación ciudadana ante el Frankenstein que resultó ser la reforma constitucional a la Justicia.

Ya ha sido suficientemente comprobada la forma en que ambos, Ejecutivo y Legislativo, despreciaron y minimizaron la capacidad de indignación nacional ante una reforma inicua. Daban ese valor cívico -el de la indignación ante el atropello- como otro desaparecido más en Colombia.

Y la actitud de ambos poderes ante la encrucijada en que los puso la opinión pública refleja muy bien sus talantes: un Gobierno contemporizador que intenta pasar por ingenuo, y un Congreso irresponsable y doloso que busca obtener absolución por “ignorancia invencible”: es que no entendieron el complejo articulado que tocaba aprobar.

El Presidente Juan Manuel Santos , además, pretende forzar soluciones meramente políticas, disfrazadas de un precario legalismo, a un gravísimo problema jurídico, moral, cívico y, evidentemente, político.

Ese afán del Presidente de tomar la píldora del día después una vez acaecido el horroroso parto del engendro, nos presenta en su cruda realidad la ausencia de un verdadero líder en el principal cargo ejecutivo de la nación.

Hace justo un año, en julio de 2011, al conmemorar los 20 años de la Constitución de 1991, el Jefe de Estado invitaba a la lectura de la Carta Política y a su incorporación a la cultura ciudadana.

Pues parece que ni él mismo ni los miembros de su coalición política en el Congreso le pusieron mucho empeño a tan lúcido consejo. Ahora hablan, por ejemplo, de archivar por las buenas el acto legislativo -ya aprobado, no se olvide- como si eso fuera posible.

No vamos a repetir los puntos oscuros e inconvenientes de la reforma, sino más bien a apuntar las deficiencias de las soluciones jurídicas que se están proponiendo para deshacer el entuerto.

El Congreso puede archivar un proyecto de ley cuando, estando en trámite, no logra el consenso necesario para su aprobación o cuando se vencen los términos para su avance parlamentario. El caso de la reforma constitucional ahora cuestionada no es ese. La reforma está aprobada, y no se puede archivar.

Lo del referendo derogatorio suena, en principio, más lógico. Pero como ya han advertido comentaristas autorizados, su recorrido es dispendioso y a la hora de votar habrá que preguntarse cuántos colombianos se sentirán realmente concernidos y comprometidos para participar electoralmente contra esa reforma constitucional.

También se ha dicho que el Presidente del Congreso (el actual, que cesa en sus funciones el próximo 20 de julio) no va a promulgar el acto legislativo. Habrá que ver hasta dónde resiste la presión para persistir en una decisión de hecho que lo ubica en el borde del prevaricato por omisión.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es una invitación a girar un cheque en blanco y, eventualmente, un salto al vacío. Aunque la actual Constitución la contempla y fija la atribución al Congreso para que delimite sus competencias, estamos en el país en el que la “interpretación creativa” del Derecho nos ha hecho caer, y puede hacerlo otra vez, en los mayores desaciertos -y desafueros- jurídicos.

Al final, la vía más sensata sería promulgar la tal reforma, con lo mala que es y todo, y remitirla de inmediato, con demandas bien sustentadas, a la Corte Constitucional, para que unos conjueces probos declaren lo que es evidente incluso para los legos: su inexequibilidad absoluta por vicios insubsanables de trámite y por vulneración de los principios y valores constitucionales.

Fuente: El Colombiano (Colombia)

El periodista de la W, le dice al Presidente de la Camara de Representantes de Colombia, Simon Gaviria, por reconocer que firmo la ley de Reforma a la Justicia sin siquiera leer el texto final: