El alcalde Petro, en vez de procurar interpretar el malestar de los ciudadanos bogotanos —que por supuesto no se le pude atribuir todo a su gestión—, inició una lucha para doblegarnos.

El alcalde pretende que todos pensemos como él, que compartamos sus prioridades y sus apreciaciones; y cuando eso no pasa, se declara perseguido. La dinámica se ha convertido en una manera de evadir las grandes responsabilidades que recaen sobre el burgomaestre de esta megaciudad.

No son cosas menores esas de querer prohibir lo que no le gusta. La definición de los Estados laicos no se limita a la separación de los temas de la Iglesia; su sustrato es la idea de que el Estado no es para ejecutar los caprichos de los gobernantes ni adoctrinar con las ideologías de unos grupos de poder. Los Estados liberales deben procurar espacios para que la pluralidad germine, para que quepan todas las visiones, salvo aquéllas que son discriminatorias. Sin embargo, eso no ocupa al alcalde comprometido sólo con sus convicciones. Trató de solucionar los problemas de la violencia entre jóvenes trasquilando los derechos de ese grupo de edad. Les decretó toques de queda, como si su libre locomoción y el libre desarrollo de su personalidad fueran una consagración formal. Si fuera consistente, tendría que prohibir lo partidos de fútbol que también generan mucha violencia. Y tal como prohíbe la tauromaquia, tendría que proscribir los aviarios, los mataderos, el aborto (pues también podría calificarse como sufrimiento animal, al menos). Pero los caprichos no exigen la coherencia.

Decidió, también, el alcalde, que la movilidad —ese a ser un problema trasversal, que afecta a todos los estratos, todos los ciudadanos, de todas las edades— no es importante, y evade el tema con un discurso vacío sobre la “política del amor”. Los bogotanos nos limitamos a quejarnos; cuando podríamos presionar: ¿Qué pasaría si todos los usuarios de vehículos matriculados en Bogotá hacen el trámite para registrarse en otro municipio? ¿No reaccionará la alcaldía si pierde esos recursos?

Teníamos un servicio de recolección de basura que funcionaba, había que ajustar algunos aspectos para garantizar los derechos de los recicladores al oficio que llevan adelantando desde antes de que se convirtiera en un buen negocio. El alcalde convirtió el asunto en un escándalo de clientelismo, contratos cuestionados y cuestionables, roscas, mal manejo fiscal y una administración improvisada.

Preocupa que el alcalde utilice su magistratura, para consolidar su poder político mediante el nombramiento de miles de trabajadores. Se trata de ganarse los votos comprándolos con puestos que se pagan de los impuestos de los bogotanos. Así se crean cargos innecesarios y excesivos. La ciudad se quedará sin obras, la productividad bajará, el empleo privado escaseará y el arca pública estará amarrada financiando los electores de Petro.

Esa brecha entre lo que quiere el alcalde y no que queremos los ciudadanos debería resolverse a favor de la ciudadanía; esa es la esencia de la democracia. Sin embargo, la teoría de la persecución ha fructificado y hoy todos sienten que atacar al alcalde los coloca en ese bando. Así quedamos con una crítica lánguida que empieza a parecerse a un respaldo cómplice.

Fuente: El Espectador (Colombia)