Al  presentarse hechos que captan la atención de los medios surgen de inmediato opinadores que, luego de leer dos o tres comentarios, quedan graduados en el tema y pontifican sobre él. Eso ha pasado con el fallo sobre San Andrés. Una columnista decía a finales de diciembre que como una estrategia tardía y equivocada se echa la culpa del fallo a los jueces y no a los verdaderos responsables. Esa cacería de brujas, repetida por otros comentaristas, fracasa por la obvia razón de que el proceso comenzó hace más de cuarenta años cuando, coincidencialmente, el gobierno ratificó el  Pacto de Bogotá y Nicaragua empezó con sus reclamos sobre el archipiélago. Desde entonces, los distintos gobiernos comparten responsabilidades. Es cierto que han cometido errores como no denunciar el Pacto cuando se les sugirió. Pero nombraron al  mejor colombiano disponible como agente y buscaron los abogados internacionales más calificados que, infortunadamente,  también se equivocaron. En el caso de San Andrés hay que echar la mayor parte de la culpa a los jueces.

Hasta la sentencia de 2007, yo nunca di un centavo por la demanda nicaragüense porque iba contra un tratado territorial válido, protegido por una barrera infranqueable, incluso para la Corte internacional: la norma de que los tratados deben cumplirse. Eso dijo la Corte ese año, pero luego lo echó todo al garete con base en interpretaciones sobre el meridiano 82, destruyendo, de paso, los tratados con Honduras y Panamá y con la promesa de ir también contra los de Jamaica y República Dominicana. La prueba está al canto. La Prensa de Panamá publicó el 5 de enero un artículo en el que bajo el titulo ‘Nueva Jurisdiccionalidad Marítima’ su autor nos habla de trabajos que se adelantan hace varios años en ese país sobre los “derechos” de Panamá sobre el mar Pacifico. En él se afirma que “El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo ‘Nicaragua frente a Colombia’ (…) abre el espacio para que la República de Panamá presente una reclamación de nuevos límites, hasta las 350 millas náuticas”, Luego de decir que Malpelo es de Panamá, agrega que las 350 millas náuticas llegan a las Galápagos, es decir, dejarían a Colombia como un enclave con mar panameño enfrente. Y termina así: “La isla Malpelo (Pacífico sur) es de Panamá, las Malvinas de Argentina y San Andrés de Nicaragua”. El hecho de que haya un tratado válido entre Colombia y Panamá que delimita las áreas marinas y submarinas, los deja fríos porque la CIJ les abrió el espacio para violarlos. El Gobierno debería decir que Colombia considera que en el futuro la CIJ carecerá de competencia para conocer de nuestras cuestiones territoriales que serán defendidas como corresponde. Por eso creo que abrir las actas de la Comisión Asesora es equivocado y, en cambio, debemos concentrarnos en defender nuestros derechos.

***

Coda. Que Petro esté utilizando los recursos de la ciudad para hacer política partidista es causa suficiente para revocarlo.

Fuente: El Nuevo Siglo (Colombia)