Luego de ser rescatado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, habló ante una multitud desde el Palacio de Gobierno. Reiteró que estaba “dispuesto a morir” por su país y acusó a su antecesor de impulsar la rebelión. Además, ratificó la vigencia de la ley que originó la violenta revuelta.
Fausto Lupera, del partido del ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez sostuvo que desconocidos “con pistolas en la mano” y “encapuchados” lo interceptaron cuando iba hacia un canal de televisión.
Sin señales previas de aviso, al gobierno de Rafael Correa se le presentó un problema que, sin duda, configura la situación más delicada de sus casi cuatro años de gestión.
Uno de los temas recurrentes, en estos tiempos de la revolución ciudadana, ha sido el cambiar los nombres de las instituciones. De los Ministerios mejor ni hablar, pues todos los días cambian de nombre y de atribuciones, al punto que en los actuales momentos no sabemos cuáles ni cuántos son.
Si los socialistas del siglo XXI hubiesen leído la obra los “sociolistos” de Juan Montalvo Fiallos, sabrian que las distintas catilinarias hablan de la libertad, de lo que es tirano y tiranía, instigan a que el pueblo se levante y deponga al gobierno, entre otros temas de fundamental importancia.
Hoy recorre Sudamérica una renovada ola de pensamiento antidesarrollista, que ofrece mediante la omnipresente intervención del Estado en la economía, tomar un atajo y mejorar de manera instantánea las condiciones de vida de la población, evitando el arduo camino recorrido por otros países.
Ecuador es probablemente de los pocos países en el mundo –África incluida– donde las garantías constitucionales de los acusados son consideradas como simples formalidades que pueden atropellarse “en aras de la justicia”.
El discurso ampuloso de Correa puso de relieve un síntoma inequívoco que no puede disfrazar y se refiere al pánico que siente ante las comunidades indígenas agrupadas en la CONAIE.
En una carta dirigida al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, la organización Human Rights Watch (HRW) sugirió ayer que se introduzcan al menos cinco cambios a la ley mordaza.
Según Farah, la región bolivariana apunta hacia estados criminalizados por las dificultades financieras de estos países ya que “la única cosa que puede reemplazar al petróleo, es el narcotráfico, la cocaína.