Las FARC han dado un paso adelante en el imparable proceso de paz emprendido por el gobierno de Juan Manuel Santos liberando a los últimos diez uniformados secuestrados por la guerrilla. El diálogo se abre paso mientras la política de seguridad pública de Santos naufraga en medio del fragor de violentos atentados terroristas y la creciente delincuencia común a la que nadie parece querer poner coto.
Francamente no se ve que la guerrilla de las FARC esté interesada en la paz. El reclutamiento forzoso de menores, la incorporación de universitarios y el fortalecimiento de milicias, son tareas impulsadas pensando en el largo plazo, no para la reconciliación sino para cumplir un plan estratégico que no contempla la paz.
Hay un poderoso argumento en favor de los TLC, a saber, que el gran beneficiario de dichos tratados es el consumidor y eso los hace imperativos para el Gobierno y la sociedad. La actitud no debe ser evitarlos sino, por el contrario, negociarlos bien, reconociendo que hay sectores productivos sensibles que demandan tiempo para su reconversión.
La paz de Colombia está lejos. Aunque la liberación de los secuestrados es un primer paso, todavía quedan muchos en las selvas colombianas, dijo el arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
No deja de ser paradójico que sea el Alcalde Petro quien descalifica la critica y pretende convertirla en la causa de todas sus desgracias, cuando fue él critico vehemente del gobierno anterior. Su carrera se hizo a base de debates de oposición, de críticas y de recriminaciones –unas con razón y otras sin ella. Ahora que es él el gobernante parece mucho menos tolerante con la oposición; más agresivo con quienes lo critican y ofensivo con quienes no lo siguen.
Impecable manejo le dio el Gobierno al arduo tema de la liberación de los secuestrados. Tuvo tacto, determinación y claridad. El festival mamerto de Piedad Córdoba se quedó ensayado, y como en las buenas faenas el Presidente remató con estocada en todo lo alto. Sin restarle importancia a lo que se hacía, recordó, en el mejor momento, que nos quedaban 700 colombianos por recibir. Y que sin ellos, o cuando menos sin noticia precisa de lo que con ellos ha ocurrido, no se daría un paso adelante.
Hay mucha preocupación. Los primeros cien días de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, lejos de devolver la esperanza, están aumentando la angustia y crispación de los ciudadanos. Mientras que los problemas se agravan, los bogotanos no ven que Petro tenga un proyecto de ciudad o, al menos, algunas ideas definidas, que puedan sacarla del hueco negro al que la han llevado las alcaldías de Lucho Garzón y Samuel Moreno.
Un verdadero lavado de cerebro es el que están tratando de hacer algunos miembros del lobby que pretende debilitar y, si es posible, abolir definitivamente la justicia penal militar del ordenamiento jurídico de Colombia. Pretenden que Colombia adopte el sistema vigente en dos países europeos que no están en guerra y que no tienen siquiera problemas de terrorismo interno. Esos países son Alemania y Bélgica.
Cuba es una monarquía absoluta de los Castro, montada sobre la opresión a los derechos humanos, donde la policía persigue a quien manifieste una pizca de crítica al régimen, donde hay un solo periódico oficial, donde los agentes de seguridad violan los correos y comunicaciones privadas y donde tratar de entrar a la Internet y la radio o televisión extranjeras está castigado con cárcel, hoy llenas de presos políticos. Hablar de democracia en Cuba es un chiste. Hay unas elecciones de partido único, como en las más duras épocas de Stalin.
La liberación de los miembros de la Fuerza Pública en poder de las Farc debe hacerse sin más dilaciones. No hay razones para alargar este suplicio ni alimentar el show mediático que se hace con él. Aceptados los protocolos de seguridad y definidas las fechas del 2 y el 4 de abril para la liberación de los 10 policías y militares secuestrados por las Farc, cualquier petición adicional es inconcebible e inaceptable.