En Colombia se cuentan por miles los niños que han sido reclutados para la guerra, la mayoría robados de sus casas o sus escuelas. Tan solo por este horrendo crimen, las Farc no podrían acceder a las gabelas contenidas en el mal llamado ‘Marco para la Paz’.
Un hecho que esta empezando a resultar cada vez mas es obvio y a la vez permance perversamente oculto es la cercanía que siguen teniendo las Farc con la Eta de España y la certeza de que el más reciente movimiento creado en Colombia, ‘la Marcha Patriótica’, tiene premeditadas afinidades con la guerrilla de las Farc. Tardaremos mucho más en reconocerlo pero las evidencias precipitan la elemental conclusión.
Todos queremos la paz en Colombia, pero una real y duradera. No podemos tolerar mas errores, somos tres generaciones distintas, víctimas del terrorismo en 50 años que anhelamos días de paz y tranquilidad. Nosotros queremos la paz, la paz es el triunfo de la legitimidad de un Estado, pero no podemos llegar a una paz a cualquier precio!! El Congreso tiene una agenda, que debe ser la misma nuestra, la que los eligió: la nuestra es por un futuro real para el país!
Treinta y cuatro reformas en 21 años de la Constitución de 1991 es un récord difícil de superar. En promedio, una modificación cada siete meses. Y este año vienen por lo menos tres más: la reforma a la justicia, el marco jurídico para la paz y el nuevo fuero militar. Algún día entenderemos que no es la cantidad de leyes o la longitud de nuestra Constitución las que hacen a una sociedad más justa, próspera y pacífica.
Para el general Jaime Ruiz Barrera, las Fuerzas Armadas de Colombia tienen la suficiente capacidad para derrotar a los terroristas, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas y no sea demasiado tarde. Ahora, cuando parece que el ruido de sables aturde al presidente Juan Manuel Santos, este general en retiro, presidente de ACORE, piensa que el también comandante en jefe debe rectificar y cambiar sus políticas, sobre todo las relativas a la seguridad y la defensa.
France 24 me invitó anoche a participar en un debate en directo con tres especialistas sobre el tema de las Farc y Colombia. Romeo Langlois, el periodista secuestrado hace 32 días por las Farc y liberado ayer en el Caquetá, fue el hilo conductor de la discusión.
Se confirmó ayer que el “marco jurídico para la paz”, pensado para atraer a una hipotética mesa de negociación a los jefes del terrorismo comunista en Colombia, contempla una serie de “beneficios”: la excarcelación y la plena libertad para “reunirse y movilizarse políticamente”. La ponencia, que va para su séptimo debate bajo la batuta del senador Roy Barreras, contempla la posibilidad de que los grupos ilegales que entren en una negociación con el Gobierno tengan “vocería política” ejercida por “los altos mandos de esas organizaciones”.
Poco después de recobrar la libertad, el periodista francés Romeo Langlois, dijo que durante su secuestro por el grupo terrorista FARC: “nunca me han tenido amarrado, siempre me han tratado como un invitado, me han dado buena comida y siempre han sido muy respetuosos”. Estas palabras no han sentado muy bien a buena parte de la sociedad colombiana. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el expresidente Álvaro Uribe que declaro: “Langlois: Una cosa es la curiosidad del periodista y otra la identificación con el terrorismo”.
La respuesta del Gobierno según la cual el terrorismo no puede “aprovecharse” para hacer oposición política, es una forma más del santismo para descalificar la oposición. La revista Semana, sin embargo, insiste en la teoría de la “extrema derecha”; ¿Saben ellos algo que el país no sabe? ¿Es un intento deliberado de desinformación o ignorancia irresponsable? Podría ser el temor al terrorismo el que los obliga a esconder su firma, y entonces ¿puede el miedo gobernar a quienes pretender orientar la opinión pública?
Conciliábulo para reforma a la justicia: A diferencia de lo que ocurría dos años atrás el reglamento del Congreso no ha sido estorbo para modificar, introducir o retirar temas del contenido en cada uno de los debates, así se altere la esencia de lo aprobado inicialmente. Para ello está la presión burocrática del gobierno y la garantía de que en las “altas cortes” nada les pasará a quienes aprueben los acuerdos del conciliábulo.