En momentos en que el presidente Juan Manuel Santos realiza un consejo de ministros en Toribio (Cauca) por la escalada de ataques guerrilleros, un informe del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda revela que al término del primer semestre de 2012, la situación de seguridad nacional se sigue deteriorando. Según el documento, aun cuando se ha reducido el ritmo de deterioro de algunos indicadores, la tendencia general es a un “agravamiento de la inseguridad debido a la persistencia del rebrote violento de la guerrilla”.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, afronta la pérdida del cargo tras aceptar el Consejo de Estado una demanda en ese sentido por haber sido condenado penalmente en 1985 por cargos de terrorismo, informaron hoy fuentes judiciales.
El expresidente Alvaro Uribe Velez lanzó su movimiento político en un homenaje al exministro Fernando Londoño, víctima de un atentado terrorista del pasado 15 de mayo.
La historia se repite. Dentro de la mayor ingenuidad o indiferencia, hay todavía quienes creen firmemente que la paz puede ser negociada con los terroristas colombianos en forma confiable, real y duradera. Terrible error.
Hoy, el presidente Juan Manuel Santos tiene problemas de gobernabilidad, imagen y credibilidad, dicientes por el desplome generalizado de los índices que lograba hasta el momento; la rama Judicial, a través de sus Cortes, ha quedado desconceptuada hasta el punto de llegar al 70% o más de percepción negativa; y la rama Legislativa, representada en los congresistas, tiene cifras de desaprobación igualmente dramáticas (cerca del 80%), supuestos canales de la democracia, exclusiva y excluyentemente dirigidos por los mismos parlamentarios.
Me temo que el espíritu reformista del Gobierno llegó hasta aquí y que, en los próximos meses, Juan Manuel Santos y su equipo tendrán que dedicarse a gerenciar, a ejecutar, a mejorar la administración pública. Han vivido sus peores días y nada será igual en los próximos dos años. Es triste que, después de haber tenido tanto poder político, el fin de la gobernabilidad hubiera llegado tan rápido.
Esta noche nos reúne el ánimo común de rendir homenaje a una personalidad destacadísima, lo expreso por los atributos del homenajeado, pero me veo obligado a precisar que es destacadísima, no porque el doctor Fernando Londoño Hoyos sea una especie extraña al pueblo colombiano, al contrario, es uno de sus más fieles intérpretes.
En una entrevista reciente, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos dijo que, después de las FARC, el ex presidente Álvaro Uribe es quien más contribuye a la creación de una imagen negativa del país. Según Santos, el 40% de las noticias negativas sobre Colombia citan como fuente a Uribe. Lo que no dijo Santos es que apenas el 3% de las noticias que se publican sobre el país en los medios del mundo son negativas y que las “declaraciones negativas de Uribe” se refieren a la gestión del Gobierno Santos y no a Colombia como país.
La oposición uribista, por otra parte, se está dejando encerrar en un falso debate: el de la llamada “reforma judicial” del 20 de junio. Ese engendro, es verdad, debe ser echado a tierra. Pero no olvidemos dónde está lo esencial: hay un acto de reforma constitucional aún peor, aún más grave y peligroso para el Estado de Derecho y para la paz en Colombia: el llamado “marco para la paz”. Derrumbar la reforma del 20 de junio de 2012 sin tocar la monstruosidad del 14 de junio de 2012 es dejar que el mal se escape por la ventana.
El Gobierno intenta soluciones políticas de afán, forzando la juridicidad, para remediar el tremendo error de la reforma a la Justicia. Se requieren coherencia política y rigor jurídico, no improvisación.