Cocinado “entre gallos y media noche”, el pacto entre el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tiene ese tinte siniestro de un aquelarre, tan propio de los conciliábulos fraguados por los mandamases de Cuba y Venezuela. Tan así que fue firmado en un escritorio cubano, en la Habana, con aspersiones de agua (no tan bendita) a cargo de la cúpula gobernante en el documento.
La Senadora Piedad Cordoba, destituida por farcpolitica, pide ser incluida en diálogos de paz. Entre tanto, pidió al gabinete Santos bajar el tono de las declaraciones, pues podrían entorpecer el camino hacia la paz con las Farc.
Es aberrante que en Colombia se dicte medida de aseguramiento para cualquier persona, militar o no, por “presunta responsabilidad” o porque estuvo involucrada “presumiblemente” en un homicidio o porque “supuestamente” cometió un delito hace seis años y la Fiscalía “presumiblemente” lo está investigando desde entonces. ¿Qué clase de Justicia es esa?
Ganar la guerra es debilitar al enemigo tanto como sea necesario hasta lograr que este resigne sus aspiraciones y se someta a la legalidad. Todos los colombianos queremos la paz, pero ¿cuál paz? La que sueñan los farianos y sus adláteres es la de una Cuba continental gobernada por ellos; un ‘paraíso’ comunista, dictatorial y retrógrado. La que soñamos los demás es una Colombia en relativa calma, donde todos tengan oportunidades de progreso bajo el marco de unas reglas claras que todos debamos cumplir.
No conozco una sola persona en Colombia en sus cinco sentidos, y excluyo aquí a los terroristas que los tienen en perfecto funcionamiento pero los utilizan para hacer daño, que no desee vivir en paz. ¿Queremos paz? Sí, pero no a cualquier costo sino con reglas claras. Primero, el gobierno debe exigir el cese total del terrorismo y el narcotráfico. Segundo, garantizar que no haya impunidad. Tercero, sometimiento a la justicia. Ahí empieza una verdadera negociación.
El comandante de las FF.MM., general Alejandro Navas, dijo que “la paz tiene que llegar algún día pero después de ganar la guerra en el campo de batalla”.
El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzarían en octubre en Noruega un proceso de negociaciones que tendría como mediador al expresidente César Gaviria, informó hoy la cadena de radio RCN.
Pese a los desmentidos del ministro de Defensa, las dudas persisten sobre las misteriosas negociaciones secretas entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pues los desmentidos oficiales son ambiguos. El ministro Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, dice que él no ha autorizado esas negociaciones. Claro que no. El no las ha autorizado. Pero nadie le reprocha eso al ministro. Quien podría haberlas autorizado es el jefe del ejecutivo, el presidente de la República en persona, y ninguno de sus subalternos.
Nuestro Estado no es, como cree la izquierda, el remedio para combatir la pobreza sino parte del mal. Su único y real beneficiario es la clase política. En sus predios, monopolios y servicios pasta una profusa burocracia, que eleva el gasto público y es entorpecedora, deficiente. “Adelgazar al Estado -dice Mario Vargas Llosa- es la mejor manera de modernizarlo y moralizarlo. Se trata, sobre todo, de poner fin al reglamentarismo kafkiano, a los controles paralizantes y al régimen de subsidios y concesiones monopólicas, de prendas y dádivas”.
Los constantes vaivenes del gobierno del presidente Santos de Colombia han venido estimulando la movilización de la sociedad civil, preocupada por el enorme retroceso en la calidad de los resultados de las políticas públicas aplicadas. La iniciativa ha sido lanzada por el Movimiento Libertad, Prosperidad y Democracia (LPD), procurando una plataforma de amplificación de la voz del ciudadano de a pie y de todas aquellas organizaciones que, en el marco de la democracia y el respeto a las instituciones, deseen manifestarse.