Los opositores sostienen desde hace varios años que el caso Rózsa fue un montaje preparado por el Gobierno para descabezar al liderazgo cruceño. Afirman además que el juicio está plagado de irregularidades y que los implicados y sus familiares sufrieron extorsiones por parte de fiscales y abogados, que presuntamente se han enriquecido con el proceso.

Pero desde el pasado mes de marzo y en el transcurso de esta semana quien afirma tal cosa es Marcelo Soza, el hombre que hasta el año pasado dirigió la investigación.

“Yo la reconozco la carta, yo la firmé y yo la presenté ante la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y esa es la carta que yo he firmado de puño y letra y no puedo retroceder en eso”, le dijo el exfiscal a dos periodistas, uno de ANF y otro de Página Siete, que lo entrevistaron el pasado mes en Brasilia (Brasil).

Soza se refiere a la carta que entregó al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil el 11 de marzo pasado. En la misiva afirma que durante la investigación por el caso Rózsa corrieron sobornos, compra de testigos y presiones para incluir, sin pruebas, a líderes cruceños. Afirmó que el audio, donde asegura que el caso era un montaje gubernamental, fue grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para destruirlo en alianza con la oposición.

¿Un montaje planificado con antelación?. En un documento firmado por Soza y titulado “Declaración Al Consejo Nacional de Refugiado (Conare-Brasil)” presentado el 25 de abril. Soza narró que “el operativo del hotel Las Américas fue preparado con antelación al atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas. Un video que fue difundido por varios canales muestra a las fuerzas de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) realizando prácticas en La Paz en una maqueta de tamaño real, similar al propio hotel”.

La denuncia presentada en La Paz el 14 de abril de 2009 por el Ministerio de Gobierno en contra del grupo irregular en la ciudad de La Paz. Esa misma fecha asegura haber sido designado fiscal del caso Terrorismo I.

Informó que curiosamente ese mismo día, Eduardo Rózsa y su grupo que se encontraban alojados en el hotel Asturias, fueron trasladados al hotel Las Américas, mientras en forma paralela los principales organizadores y financiadores huyeron horas antes a Estados Unidos y Uruguay.

Este es el caso de Luis Orlando Justiniano, Humberto Costas hermano del Gobernador de Santa Cruz, Hugo Achá, Alejandro Melgar y Juan Carlos Velarde, en un (presunto) acuerdo previo entre el gobierno y las logias cruceñas que quedaron libres del proceso, manifestó.

“El operativo se encontraba preparado y parte del equipo del Ministerio de Gobierno se encontraba alojado en el mismo hotel esperando la llegada del grupo irregular”, manifestó Soza.

Soza aseguró que “la investigación previa fue dirigida por Luis Nolberto Clavijo y el extinto Carlos Núñez del Prado, ambos directores del Ministerio de Gobierno, bajo la coordinación directa de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, al que se le encomendó dirija estos operativos para esta investigación”.

Afirma que el operativo fue ilegal. Soza dijo que 24 horas después de presentada la denuncia, se produjo el atentado en la casa del cardenal Terrazas, de lo cual asegura no haber sido informado, más aún si la base de la investigación del caso terrorismo surgió con ese atentado. Soza refiere que inmediatamente el gobierno envió fuerzas de la UTARC a Santa Cruz para tomar a su cargo el operativo de captura y detención de los integrantes del grupo, supuestamente, autor del atentado.

Sostuvo que al día siguiente, la madrugada del 16 de abril de 2009 se produjo el operativo en el hotel Las Américas donde cayeron abatidos tres ciudadanos europeos en un enfrentamiento, según la versión dada por la policía boliviana.

Soza señaló que desde un principio advirtió que el operativo de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (UTARC) de la Policía, había sido excesivo y que era innecesario matar a esta gente para garantizar el proceso: “Por eso que yo jamás hubiera autorizado dicho operativo para preservar la vida de estas personas y no entiendo por qué se procedió con tanta violencia”.

“A mí me comunicaron una vez que este operativo ya se había realizado con un trágico saldo de tres vidas humanas”, agregó en su relato ante el Conare de Brasil al dar cuenta que al día siguiente recién le pidieron se traslade a la ciudad de Santa Cruz. “Me enteré que el fiscal General del Estado, Mario Uribe Melendres, también había ordenado al Jefe del Instituto Forense de Chuquisaca Dr. Torres Balanza, se traslade para realizar las autopsias.

“He advertido, sobre todo al Ministerio de Gobierno que la no intervención del Ministerio Público en estos casos de la investigación penal, daría lugar para que la defensa de los imputados, pida la nulidad de estos actos por no haberse realizado con control jurisdiccional y la participación directa del Fiscal. Estos hechos darán lugar a que se invalide toda esta prueba y se la tache de ilícita”, acotó.

¿Militares venezolanos en el hotel?. En su relato, aseguró que “pudo establecer que en el hotel Las Américas se encontraban cuatro militares venezolanos adscritos a la Casa Militar de Palacio de Gobierno y el propio piloto del presidente Evo Morales, hecho que se encuentran en el informe del hotel Las Américas”.

Manifestó que solicitó con insistencia tomar declaraciones de estas personas para averiguar qué papel han jugado en el operativo de la UTARC para la toma del grupo liderado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores; sin embargo, esa petición fue negada por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, porque los venezolanos gozaban de inmunidad diplomática y la presencia del piloto fue “simple coincidencia”, en el lugar de los hechos.

Revela quiénes presuntamente se aprovecharon del caso. “Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó la misma para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera, Carlos Subirana y otros abogados inescrupulosos se apropiaron en gran parte del proceso para su propio beneficio”, dijo Soza en el mencionado documento al que ANF asegura haber tenido acceso. El Gobierno calificó a Soza como “delincuente confeso” pero es en base a las acusaciones formuladas por dicho personaje en las que se sustenta este proceso sumido en el descrédito.

Apuntes

• Hermano del ‘vice’ en la mira: El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que está “abierta la posibilidad” para investigar a Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, quien -según el exfiscal Marcelo Soza- coordinó el operativo en el hotel Las Américas, donde murieron tres europeos.  No obstante, Guerrero aclaró que Raúl no podrá ser incluido en el caso por supuesto terrorismo que se lleva adelante en Santa Cruz.

Respuesta

Subirana rechaza acusaciones en su contra

Respuesta. El abogado Carlos Subirana rechazó las acusaciones de ganancias ilícitas y extorsión, hecha por el exfiscal Marcelo Soza ante el Conare.

‘Soza es un delincuente, él tiene que rendir cuentas en la justicia terrenal y celestial cuando se muera’, afirmó el jurista a los medios

Indicó que nunca habló con el exrepresentante del Ministerio Público y menos haberle entregado dinero.

Asimismo que en el proceso del caso Rózsa, no se encuentran detenidos los financiadores del grupo irregular. Subirana fungió durante cierto tiempo como abogado de algunos de los implicados en el caso Rózsa.

Punto de vista

“El proceso debe ser anulado por tener defectos absolutos en la prueba”

Saúl Paniagua 

Constitucionalista

“Por todas las irregularidades, el proceso del caso Rózsa debe ser anulado, ya que tiene defectos absolutos de la prueba.

Primero está la extinción penal y el otro tema está con relación a la prueba, en el artículo 167 del CPP, respecto a la actividad procesal defectuosa, establece que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, como los actos revelados por Marcelo Soza, en lo que significa la siembra de las pruebas.

Además, según el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el Tribunal de oficio  puede extinguir la acción penal, cuando se cumple el plazo de detención preventiva que son de tres años y no se haya dictado sentencia”.

Fuente: EJU.TV (Bolivia)