La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. En dicho documento, se afirma que en países como Bolivia, Paraguay, Uruguay y Panamá los porcentajes de personas privadas de libertad en espera de juicio son realmente alarmantes.

Desde hace más de una década, la CIDH ha considerado que uno de los principales desafíos que enfrentan la mayoría de los Estados es el uso excesivo de la detención preventiva.

Y en otros Estados, aun cuando las cifras oficiales de personas en espera de juicio sean inferiores a las de personas condenadas, se han identificado otra serie de deficiencias contrarias al uso excepcional de esta medida.

Desde su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dedicado particular atención a la grave situación de las personas privadas de libertad en las Américas.

Esto es así a pesar de la existencia de normas internacionales vinculantes, derivadas del derecho internacional de los tratados, que son muy claras en reconocer el derecho a la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención preventiva; del amplio reconocimiento de estos derechos a nivel constitucional en la región; y del compromiso político expresado al más alto nivel por los Estados de las Américas en distintos ámbitos.

Frente a esta realidad y a la complejidad de esta problemática, la Comisión Interamericana publica su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas. En el mismo se establece que el uso excesivo de esta medida es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho, que no admite que esa medida precautoria sea utilizada como una suerte de pena anticipada o justicia expedita sin juicio. La aplicación de la detención preventiva es asegurar la presencia el acusado a lo largo del proceso y evitar el riesgo de fuga y obstaculización de la investigación penal.

De ahí la especial gravedad que reviste esta medida y la necesidad de rodear su aplicación de las máximas garantías jurídicas. La CIDH reconoce el deber de los Estados de mantener el orden público y proteger del delito y la violencia a todas las personas bajo su jurisdicción.

En Bolivia al menos el 80 por ciento de los presos tienen la condición de preventivos.

El sistema genera tensiones

Sin embargo, los medios y métodos que se utilicen para el cumplimiento de estos fines deben ser congruentes con los derechos humanos internacionalmente reconocidos por los Estados y con los principios que inspiran una sociedad democrática.

Además, en la absoluta mayoría de los Estados miembros de la OEA las personas en prisión preventiva están expuestas a las mismas o peores condiciones que las personas condenadas; sufren grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; y están expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas presentes las cárceles.

El uso excesivo de la prisión preventiva es un problema complejo producido por causas de distinta naturaleza: cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas de administración de justicia, amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica judicial, entre otras.

Y al mismo tiempo, contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento penitenciario. Como se expone en el informe, el uso no excepcional de la prisión preventiva, además de generar serios problemas en la gestión penitenciaria.

Fuente: Los Tiempos (Bolivia)