El Estado afronta ocho procesos interpuestos por compañías extranjeras que demandan el pago de una compensación por la nacionalización de empresas, informó el procurador General del Estado, Hugo Montero Lara.

“En ese tema son ocho casos, cuatro de ellos tienen demandas formales de arbitrajes que no excluye la posibilidad que paralelamente se vaya conversando sobre posibles montos de indemnización, uno de ellos es este tema de Rurelec, el otro es de PAE en el tema de hidrocarburos, Abertis sobre (la administración) de los aeropuertos y el otro es de Air BP” por la distribución de gasolina de aviación en los aeropuertos, explicó.

La autoridad indicó que en los otros cuatro casos no se tienen demandas formales de arbitraje como el de Mallku Khota que se encuentran en la fase de acercamiento y algunos con notificaciones de demandas.

“Estamos en procesos de acercamiento (porque) no tienen demandas de arbitrajes formales y en algunos casos con notificaciones de demandas”, afirmó.

El procurador indicó además que el Gobierno gasta entre 700 dólares y 800 dólares la hora por los servicios de abogados para estos casos.

En el informe de gestión realizado por la Procuraduría General del Estado el 17 de diciembre en 2013, se informó que la Subprocuraduría de Defensa asume la defensa legal en dos casos con notificación de controversia de las firmas Iberbolivia de Inversones SA y Red Eléctrica Internacional y dos con notificación de arbitraje de South American Silver Limited y de Air BP.

En ese momento, Hugo Montero Lara manifestó que Guaracachi America Inc. y Rurelec, Quibórax & Non Metallic Minerals, Abertis Infraestructuras y Pan American Energy (PAE) demandan al Estado una compensación de 1.870 millones de dólares.

Explicó hoy que en el caso de las empresas que iniciaron procesos de arbitraje; PAE pide una indemnización 1.496 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco; Abertis Infraestructuras SA 86 millones de dólares por la expropiación de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa); Rurelec 142 millones de dólares y Quibórax Non Metalic Minerals 146 millones de dólares.

El procurador manifestó que el costo de un arbitraje como en el caso Rurelec osciló entre 2 millones de dólares y 3 millones de dólares, aunque el monto no es definitivo porque el proceso continuará.

“De todas maneras los costos del asesoramiento (jurídico) especializado en estos temas están oscilando entre 700 dólares y 800 hora, esos son (montos) elevados”, argumentó.

Montero indicó que el trabajo de coordinación del equipo técnico de su despacho, con las diferentes entidades públicas involucradas en los procesos, permite reducir los montos, lo que beneficia al Estado boliviano.

Fuente: EJU.TV (Bolivia)