El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, denunció este jueves que el gobierno nacional tiene injerencia en al menos 40 casos judiciales, con la colaboración de jueces y fiscales. La denuncia forma parte del informe de la llamada Comisión de Justicia y Verdad, presentado hoy por Yaksic y la diputada Rebeca Delgado.

“(Verificamos) la existencia de injerencia política en aproximadamente 40 casos que están señalados, atendidos directamente por estos servidores públicos (implicados en el caso extorsión) que reflejan la manipulación política del Órgano Judicial y del Ministerio Público”, señaló Yaksic.

El pasado 3 de abril, los miembros de la comisión entrevistaron a los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, detenidos en el penal de Palmasola en Santa Cruz; Dennis Rodas, Fernando Rivera, Boris Villegas; a los exfiscales, Isabelino Gómez, Eduard Mollinedo, Roberto Achá; y al exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz, Ramiro Ordóñez López; declaraciones sobre las cuales fundamentan sus denuncias.

Entre las principales conclusiones a las que arribaron están la existencia de gabinetes jurídicos desde los años 2008-2009-2010-2011, a cargo de ministros y viceministros, y fiscales, “quienes manipularon a través de los indicados servidores públicos diferentes casos judiciales para favorecer al partido de gobierno con los argumentos de garantizar la estabilidad del gobierno y la seguridad interna del Estado”.

Otra conclusión es que “los gabinetes jurídicos se abocaron al nombramiento de fiscales del Ministerio Público, de jueces del Órgano Judicial, proporcionando una lista de jueces y fiscales de al menos 24 abogados” para lograr “condenas y detenciones irregulares”.

También denunciaron que se montó paralelamente al servicio de inteligencia de la Policía “un servicio de contrainteligencia con ítems del Ministerio de Gobierno pero bajo dependencia de la Vicepresidencia del Estado”.

La diputada Delgado indicó que copias de la información recabada serán enviadas, en sobre lacrado, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Magistratura, al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo  y a la Asamblea de Derechos Humanos para que inicien una investigación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, señaló que el informe carece de valor legal por tratarse de una comisión que se conformó sin autorización y al margen de esa instancia legislativa.

“Ni siquiera se solicitó la conformación de una comisión, entonces cualquier tema que se haga ha sido usurpación de funciones”, manifestó.

Agregó que la iniciativa “resultó en una comisión de la mentira que tenía financiamiento y móviles políticos expresos de amedrentar a fiscales y jueces para que no avance el caso terrorismo”.

Fuente: Erbol (Bolivia)