La Comunidad de Derechos Humanos de Bolivia advierte que el Estado boliviano no cumplió varias de las recomendaciones emanadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 2010. Aunque destaca los esfuerzos del Estado boliviano por generar legislación a favor de sectores vulnerables, en la práctica queda mucho por hacer.

El informe de la coalición de organizaciones de la sociedad civil sobre los derechos humanos para el EPU de Bolivia 2014, fue el resultado del trabajo de 253 instituciones con el apoyo del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), la Cooperación Suiza para el Desarrollo, Solidario y Diakonía.

La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá dijo que el 2010, el Estado boliviano fue examinado por primera vez  por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual emitió un informe con 79 recomendaciones, de las cuales 78 fueron aceptadas por Bolivia, además de asumir otros compromisos voluntarios que debían cumplirse en el período 2010-2013.

El conjunto de recomendaciones emanadas al Estado boliviano tienen que ver con los derechos económicos, políticos y sociales, con la reparación a las víctimas de la dictadura y de la violencia estatal, con los derechos de los pueblos indígenas, las diversidades sexuales, los migrantes, personas que viven con VIH Sida, privados de libertad y otros sectores vulnerables.

Pendientes. Entre las acciones pendientes para el Estado boliviano están el esclarecimiento y sanción en contra de los responsables por las vejaciones y torturas efectuadas el 25 de mayo de 2008 en contra de campesinos en la ciudad de Sucre, la penalización de los responsables de la masacre de Porvenir que dejó el 11 de septiembre de 2010 a 13 campesinos y dos funcionarios de la Prefectura de Pando, muertos, así como la violenta intervención a la VIII Marcha en defensa del TIPNIS el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina. Se debe crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que sea independiente y con suficientes recursos para garantizar su funcionamiento. Aún no se modificó el delito de tortura en el Código Penal como lo recomendó el Comité Contra la Tortura (CAT).

La comunidad también observa que a pesar de que el 16 de octubre de 2011 se eligieron a las autoridades judiciales por voto universal, existen observaciones sobre el proceso de selección de candidaturas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que pone en duda la independencia del Órgano Judicial.

La falta de acceso a la justicia ordinaria  a nivel nacional solo alcanza al 42% del total de los municipios, mientras que en el 2013 se registraron diez personas muertas en linchamientos, lo que obliga al Estado a adoptar acciones de prevención para ganar la confianza de la ciudadanía.

En cuanto a migrantes, el Estado adoptó la protección a personas refugiadas, pero pese al avance normativo, dice la Comunidad de DDHH, las autoridades no se abstienen de realizar declaraciones que vinculen la seguridad ciudadana con la nacionalidad extranjera, lo que promueve la estigmatización, discriminación y la xenofobia.

La justicia determinó en 2012, la libertad pura y simple a favor del peruano José Antonio Cantoral, luego de que no se evidenció ningún vínculo con Sendero Luminoso. En su caso, se determinaron torturas y una serie de vulneración de sus derechos en relación a su condición de refugiado político.

Fuente: El Día (Bolivia)